Pedro Sánchez lleva ocho años al frente del Gobierno. En 2025 se llevaron a cabo en España 24.540 desahucios y 4.005 en los tres primeros meses de 2026. En muchos de esos lanzamientos los inquilinos afectados eran personas tan vulnerables como Maricarmen Abascal, la anciana madrileña de 87 años que se ha convertido en la imagen de un drama que está generando una cobertura mediática extraordinaria al hilo de una reacción política a todas luces interesada.
Ha sido ahora cuando el caso de Maricarmen ha generado una potente movilización de sectores sociales y sindicales afectos a la izquierda lo que ha provocado manifestaciones en diferentes ciudades .La más llamativa es la que intenta retomar la estela del 15M con una acampada en la Puerta del Sol de la capital frente a la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid a cuyo frente se encuentra Isabel Díaz Ayuso, dirigente regional del PP.
La ley en vigor que ha permitido el lanzamiento fue una norma aprobada en 1994 por un Gobierno socialista. Lleva vigente más de treinta años y desde entonces ningún otro Ejecutivo la ha modificado. Ni cuando gobernó el PP ni ahora que gobiernan el PSOE y sus socios comunistas de SUMAR desde hace ocho años. El caso de Maricarmen se ha convertido en una bomba de efectos políticos retardados. Bien podría decirse que los restos de la izquierda situada a la izquierda del PSOE -Sumar, Izquierda Unida, Podemos, los Comunes- organizaciones en agudo proceso de disminución, han encontrado un banderín de enganche, una causa mediáticamente poderosa que con sentido de la oportunidad están intentado explotar. En el caso de Sumar -que forma parte del Ejecutivo- emplazando a Pedro Sánchez a aprobar "sí o sí" -exigencia de la ministra Sira Rego- un decreto sobre Vivienda que permitiría expropiar el ya famoso piso del que fue desahuciada Maricarmen. Ocho años después de miles de lanzamientos sin apenas eco mediático han encontrado un nuevo 15M. Una tabla de salvación para construir un relato demagógico con el que intentar librarse del naufragio.
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¿Crees que el caso de Maricarmen debería haber generado la misma movilización social hace años, cuando se producían miles de desahucios sin cobertura mediática?
¿Te parece que la respuesta política al drama habitacional debería haber llegado antes, teniendo en cuenta que la ley que lo permite lleva treinta años en vigor?
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