Un contrato con España ¿ante notario?

Hay que confesar que no es mala la idea del PP de hablar ahora de 'un contrato con España'. Los 'populares' admiten así que hay quienes, desconfiando por completo del actual Gobierno, tampoco acaban de fiarse de ellos.

De ahí que sus propuestas, insuficientes pero buena parte de ellas necesarias, tengan que ser suscritas en un contrato con el país, no con un simple apretón de manos. Serán precisos bastantes notarios para dar fe de que lo que se contrate luego se cumpla.

Digo que algunas propuestas son insuficientes porque seguimos sin ser cabalmente conscientes de que lo que viene es un cambio casi total. Basta con echar la vista atrás sobre lo que ha sido la legislatura para darse cuenta de que nada va a permanecer inmutable en los próximos cuatro años, en la nueva legislatura, suponiendo que todo llegue a buen puerto, o a puerto normal, y acabe constituyéndose el siguiente Gobierno. Pensar, como dice que hace el PP, en las próximas generaciones equivale a saber que el territorio que nuestros hijos y nietos habrán de gobernar tendrá muy poco que ver con este. Tecnológica, económica, cultural y moralmente.

Y una de las parcelas olvidadas, incluso por los propios ciudadanos, así que ya no digo por los políticos, es la de la profundización de la democracia. Cosas como el desbloqueo de las candidaturas electorales (que formaría parte de una reforma de nuestro indeseable sistema electoral), la limitación de mandatos a ocho años, la necesidad de un gran acuerdo para proceder a las grandes reformas legales, incluso constitucionales, que se hacen ya evidentemente necesarias. Y un largo etcétera: un país de consenso, integrado, y no de muros. Una sociedad más equilibrada económicamente, con más oportunidades para todos. Aprendamos del vecino francés y pongamos nuestras barbas a remojar: hay que hacer cirugías radicales.

Mucho, mucho ha de reformarse, más allá del levantamiento de alfombras y de deshacer algunos vicios que ya no pueden tolerarse. El funcionamiento de los poderes, Legislativo, Judicial y, por supuesto, Ejecutivo: hay que poner en valor a Montesquieu. Y reforzar el papel constitucional del Rey, hoy peligrosamente incierto. Propongo crear un comité senatorial, multipartidista y que dé entrada a la sociedad civil, para, en el plazo de un año, sugerir las reformas democráticas más urgentes, antes de que nuestra democracia acabe diluyéndose y el Estado definitivamente debilitándose.

Sí, es un contrato largo, con numerosos apartados, el que quien gane las elecciones tendrá que suscribir con España, más allá, como hará el actual Gobierno a última hora, de elevar pensiones y salarios mínimos o, incluso, de construir no sé cuántos miles de viviendas.

Son muchos los huecos que aún muestra el 'contrato' de Feijóo, pero, al menos, es un conato, un atisbo, de regeneración de la maltrecha política que se practica, incluso que ha venido practicando también el PP, en nuestro país. Quiero, en ese sentido, considerar este 'contrato' como una cierta autocrítica.

Un contrato puede ser un documento obligado, forzado, rutinario, sin esperanza. O, por el contrario, puede ser esperanzador. Lo primero es admitir que ese contrato, con una ciudadanía tradicionalmente olvidada en beneficio de los partidos y sus inquilinos, es necesario. Y asegurar a los electores que vas a ser capaz de cumplirlo, sean quienes sean tus socios a palos, sean cuales fueren las circunstancias, incluso las mundiales. Y eso es mucho más importante que andar haciendo, como algunos hacen ya, ay, quinielas de ministrables de la derecha. Eso, ahora, es casi lo de menos: las ideas han de ir por delante de los rostros.

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