Medina niega la estafa y defiende su papel como "facilitador" en el caso mascarillas

Medina niega la estafa y defiende su papel como "facilitador" en el caso mascarillas
Tribunales · · Actualizada · 2 min de lectura

El empresario Luis Medina ha declarado este martes en el juicio por el caso de las mascarillas, asegurando que nunca habló de "gratuidad" en las comisiones derivadas de la compraventa de material sanitario durante la pandemia. Según su versión, su papel fue únicamente el de "facilitador" entre el proveedor y el Ayuntamiento de Madrid, sin intervenir en la fijación de precios.

Medina está acusado de estafa agravada y falsedad documental, por lo que la Fiscalía solicita para él una pena de nueve años de prisión. Su socio, Alberto Luceño, afronta una petición de quince años por los mismos delitos, además de un delito fiscal y otro continuado de falsedad documental.

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"Nunca fijé precios ni pacté comisiones"

Durante su comparecencia, Medina ha insistido en que su única función fue poner en contacto a ambas partes y que no negoció comisiones con el Ayuntamiento. En relación con los beneficios millonarios obtenidos por la operación, de los cuales él recibió un millón de euros, ha explicado que estos pagos se determinaron tras la venta y sin un acuerdo previo con su socio.

El fiscal le ha confrontado con diversas conversaciones en las que se discutía sobre precios, aunque Medina ha afirmado no recordar a qué operaciones se referían, alegando que trataba con otros compradores además del consistorio madrileño. En una de esas conversaciones, el empresario mencionaba que "querían hacer un favor a Madrid", pero ha declarado que no recuerda si se refería específicamente al contrato con el Ayuntamiento.

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Investigación de la Agencia Tributaria

En la misma sesión ha comparecido una inspectora de la Agencia Tributaria, quien ha detallado cómo Luceño utilizó su sociedad Takamaka Invest para tributar las comisiones con el objetivo de pagar menos impuestos. La perito ha señalado que dicha empresa "no estaba constituida en el momento de la prestación de los servicios ni del cobro de las comisiones", lo que generó una deuda fiscal de 1,35 millones de euros con Hacienda, cantidad que no fue abonada pese a presentarse una declaración complementaria.

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