La asesora de Begoña Gómez niega haber favorecido la cátedra de la UCM antes de su creación

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, ha negado haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o con empresas patrocinadoras para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020.

Según fuentes jurídicas, Álvarez ha declarado este miércoles como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado, aunque solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Su comparecencia ha durado apenas diez minutos.

Contactos con la UCM y patrocinadores

En su testimonio, Álvarez ha asegurado que no influyó sobre ningún trabajador de la Complutense ni de ninguna empresa patrocinadora, como Reale o Google, para obtener beneficios para sí misma o para Gómez. También ha afirmado que no conocía a nadie de estas entidades antes de la firma del convenio que formalizó la cátedra.

Sin embargo, en su declaración anterior como testigo, el 20 de diciembre, admitió haber enviado correos sobre actividades privadas de Gómez y haber mantenido conversaciones con el vicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio, aunque siempre después de la creación de la cátedra.

El sumario recoge correos en los que miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación de la UCM se dirigían a Álvarez para proporcionarle información sobre el registro del dominio web de un máster vinculado a la Complutense. También figura un mensaje en el que trasladó a Reale, en febrero de 2024, el interés de Gómez en que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

Investigación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios

La situación procesal de Álvarez cambió en febrero, cuando el juez la imputó por su presunta implicación en delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, los mismos que se investigan en el caso de Begoña Gómez.

En esta causa, el juez Peinado indaga si Gómez se apropió indebidamente de la marca del máster y del software financiado por empresas, y si participó en la redacción de los pliegos técnicos para su contratación en la UCM, lo que podría constituir un delito de intrusismo.

La defensa de Álvarez ha recurrido su imputación, alegando que el juez utilizó su testimonio como testigo para imputarla sin precisar qué hechos concretos se le atribuyen.