Un juzgado eleva al 68% la discapacidad de una mujer con fibromialgia en Madrid

La Justicia revoca la valoración de la Comunidad de Madrid y ordena aplicar el nuevo grado con efectos retroactivos.

Un Juzgado de lo Social de Madrid ha revocado la decisión de la Comunidad de Madrid y reconocido a una mujer diagnosticada de fibromialgia, cefaleas graves y problemas visuales un grado de discapacidad del 68%, frente al 33% que le había otorgado la Administración autonómica. La sentencia ordena aplicar este nuevo reconocimiento con carácter retroactivo.

Según la resolución judicial, el dictamen de la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales no realizó una valoración exhaustiva de todos los informes médicos presentados por la demandante, representada por el despacho Parrado Asesores Abogados. El juzgado constata que esos informes son más completos y demuestran alteraciones estructurales en el estado de salud que justifican plenamente el incremento del grado reconocido.

El periplo administrativo de esta mujer comenzó con un reconocimiento inicial del 12%, que fue elevado al 33% tras sucesivos trámites, hasta alcanzar finalmente el 68% a través de esta sentencia judicial.

La sentencia otorga especial relevancia al informe del médico forense José María Rebanal, cuyo análisis exhaustivo de las patologías de la paciente resultó determinante. Según el fallo, ese informe demuestra que la propuesta del Equipo de Valoración y Orientación (EVO) era "incompleta". El juzgado critica además los informes del equipo evaluador de la Comunidad de Madrid por carecer de la debida objetivación en sus conclusiones.

Respecto a la fibromialgia, la resolución subraya que las pruebas realizadas en hospitales madrileños acreditan el carácter crónico de las dolencias. El tribunal reprocha al EVO no haber considerado adecuadamente las cefaleas y migrañas documentadas en los informes del Servicio de Neurología de la Policlínica de Valdemoro.

El fallo determina que ha quedado desvirtuada la presunción de acierto técnico de la valoración administrativa, avalando la necesidad de revisión judicial cuando no se consideran todos los elementos médicos disponibles. Este nuevo grado de discapacidad permitirá a la afectada acceder a prestaciones y recursos de apoyo más amplios para hacer frente a las limitaciones derivadas de sus patologías.