La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha anunciado una serie de movilizaciones a nivel nacional a partir del mes de junio para denunciar la concesión masiva de licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) por parte de las comunidades autónomas, con especial atención a la Comunidad de Madrid y su reciente autorización de 8.500 nuevas licencias a la empresa Cabify.
La organización ha mostrado su respaldo a la marcha convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid para el próximo 28 de mayo en la capital, en protesta por lo que consideran una "concesión irregular" de autorizaciones VTC que pone en riesgo la viabilidad del sector tradicional del taxi y el equilibrio de la movilidad urbana.
Antaxi ha advertido que las protestas no se limitarán a Madrid, sino que se extenderán a estaciones de tren, puertos, aeropuertos y ejes estratégicos de las principales ciudades españolas. Según su comunicado, estas movilizaciones pretenden simular el caos que, a su juicio, se producirá si prospera la concesión de más de 35.000 licencias VTC pendientes para una única plataforma, en alusión directa a Cabify.
La organización critica que las comunidades autónomas, competentes en esta materia, estén permitiendo este crecimiento descontrolado de licencias sin ejercer una supervisión adecuada sobre los procedimientos de solicitud. En su opinión, las administraciones "miran para otro lado" ante una amenaza que podría derivar en el colapso de la movilidad urbana y una degradación irreversible del servicio público del taxi.
Según los datos del Ministerio de Transportes, actualmente existen en España 20.950 autorizaciones de VTC frente a 62.798 licencias de taxi. No obstante, la situación en Madrid es mucho más tensa: con 8.873 licencias de VTC frente a 15.931 de taxi, la concesión de las nuevas 8.500 licencias inclinaría la balanza a favor de las plataformas.
Para Antaxi, esta situación crea una competencia desequilibrada que desvirtúa el servicio regulado del taxi, sometido a exigencias normativas y económicas muy superiores a las de las plataformas tecnológicas.
Julio Sanz, presidente de Antaxi, ha denunciado que las plataformas de VTC están aprovechando la escasa fiscalización administrativa para obtener licencias de forma fraudulenta, comercializarlas y generar beneficios "escandalosos". Además, ha advertido a los inversores particulares que adquieren estas licencias "sin tener ninguna garantía" de que las concesiones no sean revocadas.
El conflicto, que enfrenta a un sector tradicional regulado con las nuevas formas de transporte urbano promovidas por plataformas digitales, amenaza con derivar en un nuevo episodio de movilizaciones y tensión social si las administraciones no adoptan medidas que garanticen un marco justo y equilibrado.