La modificación de la Ordenanza Reguladora del Taxi de Madrid ha entrado en vigor este martes, justo el mismo día en que se ha presentado un escrito de interposición de demanda como paso previo obligatorio para su impugnación judicial. El recurso ha sido promovido por el abogado Héctor García, titular de la academia eCartilla, especializada en la formación de aspirantes a taxista, quien considera que el nuevo texto adolece de “deficiencias de tramitación” y “problemas jurídicos de fondo”.
Desde la perspectiva del recurrente, la norma aprobada por el Ayuntamiento de Madrid es nula “en fondo y forma” y vulnera principios jurídicos esenciales. Entre las críticas planteadas figura la supuesta inseguridad jurídica derivada de algunas de las nuevas exigencias, así como el carácter retroactivo de ciertas disposiciones que, a juicio de los profesionales del sector, perjudican a quienes han realizado inversiones recientes bajo el amparo de la normativa anterior.
Uno de los principales cambios introducidos por la nueva Ordenanza es la obligatoriedad de acreditar el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o demostrar conocimientos equivalentes para poder acceder al examen que permite ejercer la profesión de taxista en la capital. Esta medida, ya polémica desde que se anunció, ha sido calificada por parte del sector como una traba innecesaria que puede limitar el acceso a una actividad tradicionalmente abierta a trabajadores sin titulación académica reglada.
Otra de las modificaciones relevantes afecta a los titulares de taxis eléctricos, que hasta ahora disfrutaban de una exención del día de descanso obligatorio. A partir del 18 de julio, fecha incluida con efecto retroactivo en el texto aprobado, los conductores de estos vehículos deberán acogerse también al régimen de libranzas establecido, lo que ha generado malestar entre quienes adquirieron sus vehículos con la expectativa de condiciones laborales más flexibles.
La normativa incorpora además un mecanismo para la concesión de nuevas licencias exclusivas de eurotaxi, con el propósito de incrementar el número de vehículos adaptados hasta alcanzar el 5% del total, porcentaje mínimo exigido a ciudades de gran tamaño como Madrid. Este aspecto ha sido valorado positivamente por algunas asociaciones, si bien su aplicación efectiva dependerá del grado de apoyo institucional y del equilibrio entre oferta y demanda que logre mantenerse en el sector.