
La investigación identifica al presunto responsable de dos estafas Business Email Compromise que causaron un perjuicio conjunto de 12.000 euros a dos sociedades.
La Guardia Civil ha esclarecido dos delitos de estafa cometidos mediante la modalidad Business Email Compromise (BEC) que ocasionaron un perjuicio económico conjunto de 12.000 euros a dos sociedades, una del municipio madrileño de Pinto y otra de Valencia.
La investigación comenzó cuando la empresa de Pinto detectó una operación fraudulenta vinculada al pago de una factura pendiente y presentó la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica del Cuerpo. Los investigadores señalan que el presunto autor habría accedido ilícitamente a sistemas informáticos y comunicaciones electrónicas para obtener datos sobre las operaciones comerciales de la compañía, información que después empleó para llevar a cabo el engaño.
En la estafa la empresa recibió un correo que aparentaba proceder de uno de sus proveedores en el que se solicitaba el abono de una factura en una cuenta bancaria distinta de la habitual. La dirección de correo exhibía un dominio fraudulento con varias letras modificadas y el mensaje incluía datos reales y el importe exacto de la factura, circunstancia que facilitó que la víctima realizara la transferencia indicada.
Tras contrastar la operación con el proveedor, la compañía advirtió que el correo no había sido remitido por éste y que los datos bancarios habían sido alterados fraudulentamente. Durante la investigación los agentes localizaron un segundo perjudicado, una empresa valenciana que había presentado denuncia ante otro cuerpo policial por una operativa de características similares.
El Equipo @ de la CiberComandancia solicitó el traspaso de las diligencias al órgano que recibió la denuncia de la empresa valenciana para continuar las actuaciones de forma conjunta, al existir indicios de conexión entre ambos incidentes.
El análisis conjunto de las denuncias permitió acreditar elementos comunes en las operativas y verificar que el perjuicio económico total ascendía a 12.000 euros. El estudio de la trazabilidad de las transferencias y el resto de evidencias recabadas durante los meses de indagación condujo finalmente a la identificación del presunto responsable.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas tomó declaración al investigado por dos delitos de estafa, un delito de falsificación de documento mercantil y otro de acceso ilícito a sistemas informáticos, y puso las diligencias a disposición de la autoridad judicial competente de Las Palmas de Gran Canaria.
Para prevenir este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda verificar por una segunda vía cualquier cambio de cuenta bancaria, por ejemplo mediante llamada a un número conocido o contacto presencial cuando sea posible; desconfiar de correos que apelen a la urgencia o confidencialidad; revisar detenidamente la dirección del remitente aunque el mensaje parezca legítimo; instaurar protocolos internos de verificación antes de autorizar pagos o transferencias; y formar y concienciar al personal sobre ciberseguridad y fraudes digitales.
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