Cáritas valora la reforma de Extranjería como "un gran avance" en la protección de los menores migrantes solos

Cáritas ha valorado la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada por el Gobierno como "un gran avance" en la protección de los menores migrantes "más vulnerables".

En concreto, la organización señala que esta reforma da respuesta a una de sus ocho propuestas políticas presentadas a los grupos parlamentarios ante las elecciones de 2019.

En el documento 'Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019, Cáritas demandaba de forma concreta a las fuerzas políticas "garantizar la protección de los menores extranjeros no acompañados y su tránsito a la vida adulta".

Para ello, proponía "modificar la legislación de extranjería con respecto a los menores extranjeros no acompañados de acuerdo a lo establecido en el marco internacional de la Convención sobre los derechos de la Infancia y la Adolescencia para garantizar no sólo su protección sino su tránsito a la vida adulta".

A juicio de Cáritas, la reforma que ha aprobado esta semana el Gobierno era "urgente y necesaria" pues "afecta de lleno a niños, niñas y jóvenes especialmente vulnerables".

En concreto, ha destacado que "va a facilitar la transición a la vida adulta de estos menores al asegurar la continuidad en la documentación de estos jóvenes, lo que constituye un gran avance en su proyecto vital".

Asimismo, destaca que "adecuar los medios económicos para poder renovar dichas autorizaciones de forma razonable y alargar su tiempo de concesión, supone un apoyo clave en un proceso que necesita de una estabilidad documental indispensable".

Cáritas considera, también, "muy positivo" que se plantee un régimen transitorio que permita recuperar la situación de aquellos jóvenes que, habiendo sido tutelados, nunca obtuvieron una autorización de residencia y la de quienes, habiéndola obtenido, no pudieron renovarla.

La labor social de la Iglesia comparte la satisfacción expresada ante la aprobación de esta reforma por todas las entidades que trabajan en el campo de la infancia y la inmigración, quienes venían denunciando las "abusivas condiciones de un Reglamento que abocaba a la irregularidad administrativa y exclusión social a miles de adolescentes y jóvenes a quienes la Ley de Extranjería, por otro lado, reconoce como regulares a todos los efectos".