La Comunidad de Madrid destinará 28 millones de euros a un programa de ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la salud.
El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la competitividad de los centros de investigación de la región y consolidar su papel como referentes científicos, según ha informado el Gobierno regional.
El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana la dotación presupuestaria de la convocatoria, que supone un incremento del 40 % respecto a la anterior. Estas ayudas permitirán financiar programas de I+D en salud durante el periodo comprendido entre 2026 y 2029, con proyectos de una duración total de cuatro años.
Las iniciativas deberán estar formadas por consorcios integrados por entre tres y diez grupos de investigación, procedentes de al menos tres instituciones diferentes. Esta estructura busca fomentar la cooperación entre entidades y el intercambio de conocimiento dentro del sistema científico madrileño.
Las solicitudes podrán centrarse en ámbitos como la ingeniería biomédica, el desarrollo de nuevos sistemas de diagnóstico, medicamentos o vacunas, la investigación clínica, la neurociencia o la robótica médica, entre otras áreas clave para el avance del sistema sanitario.
Podrán optar a estas subvenciones universidades públicas y privadas, organismos y centros públicos de investigación, fundaciones IMDEA, otras organizaciones dedicadas a la I+D y entidades e instituciones sanitarias con actividad investigadora. La cuantía máxima por programa se ha incrementado de 1.200.000 a 1.300.000 euros.
Las ayudas podrán destinarse a cubrir costes directos, como la contratación de personal investigador, técnico o de gestión, la adquisición y amortización de equipamiento o los gastos de movilidad. También podrán aplicarse a gastos indirectos, con un límite del 25 % del total concedido. Como novedad, la convocatoria impulsa la participación de grupos emergentes liderados por investigadores jóvenes.
El Gobierno regional ha flexibilizado las condiciones de participación mediante la simplificación de los procesos administrativos, con el fin de reducir la carga burocrática y facilitar el acceso a estas ayudas por parte de los equipos de investigación.