La quinta ola remite en las residencias aunque con mayoría de asintomáticos

Aunque la práctica totalidad de la población mayor de 60 años ha recibido la pauta completa de la vacuna en la Comunidad de Madrid, la quinta ola de la pandemia de Covid-19 ha afectado especialmente a las residencias de mayores de la región, que han experimentado un aumento de los contagios y de los fallecimientos, algo que ha puesto de nuevo en alerta a familiares y autoridades.

La situación no es ni mucho menos comparable a la de la primera ola de la pandemia: entre el 14 de marzo y el 22 de junio de 2020 se registraron 4.709 fallecimientos de residentes con síntomas compatibles con la enfermedad, según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En ese periodo, las residencias de la Comunidad de Madrid fueron las más afectada por el coronavirus, por delante de las de otras autonomías como Cataluña (2.095), Castilla-La Mancha (1.188) o Castilla y León (1.093).

Sin embargo, esta ocasión, las residencias madrileñas han registrado 1.062 contagios y 95 fallecimientos durante los meses de verano, entre el 7 de junio y el 29 de agosto, señala el Imserso.

La mayoría de los casos se han notificado en agosto aunque desde la semana del 23 al 29 la tendencia de contagios y decesos es descendente.

Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social han explicado que, gracias a las vacunas, "es evidente que la situación está muy controlada y no tiene nada que ver con otras olas. La mayoría de los casos son asintomáticos".

A pesar de ello, ante la tendencia ascendente de casos en los meses de verano, el departamento que dirige Concepción Dancausa actualizó a principios de agosto el protocolo de medidas contra la covid-19 en estos centros vigente desde el pasado 1 de junio.

Esta guía mantiene la obligatoriedad de la mascarilla y la posibilidad de que cada residente reciba tres visitas semanales de dos familiares como máximo y una hora de duración, aunque recomienda que no acudan personas que no tengan la pauta de vacunación al completo.

Por otra parte, las centros deberán mantener un registro de visitas y, en caso de que alguno de ellos las suspenda por la existencia de un brote, deberá facilitar a los residentes todos los medios para comunicarse con sus familiares.

El protocolo también recomienda que tanto los usuarios como los trabajadores que regresen tras unas vacaciones de más de siete días aporten una prueba PCR negativa o un test de antígenos realizada en las 72 horas previas.

A pesar del control de los casos, la portavoz de la Marea de las Residencias, Mariví Nieto, ha recordado la gran mortalidad que ha tenido la Comunidad de Madrid en estos centros durante la pandemia.

“El punto clave es el personal que no estaba vacunado, bien por que no les tocaba aún, bien porque ser jóvenes o bien porque no tenían aún la pauta completa”, ha apuntado Nieto.

En este sentido, cree que “se ha bajado la guardia” y que habría que hacer “una mayor pedagogía” con todo el personal que aún no ha querido vacunarse, si bien sostiene que “no hay que obligar a nadie”.

“Sabemos por los propios trabajadores que escasea el material a estas alturas. Nos parece un despropósito. Es un desembolso, pero es para un bien común y están obligados a facilitárselo”, ha considerado.

Sin embargo, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAP), Cinta Pascual, ha asegurado que “se ha primado siempre la calidad de vida de las personas” y que la pandemia “ha demostrado que aislar a las personas en las habitaciones no es lo correcto”.

“Siempre pedimos que la gente no esté en habitaciones sino en comedores, en zonas habilitadas o que todas las personas con covid estén juntas y viceversa”, ha añadido Pascual.

La portavoz de la patronal de residencias cree necesario “que empecemos a pensar que la tercera dosis no es una necesidad sino una obligación”, algo que el Ministerio de Sanidad descarta de momento para este colectivo en tanto que no existan evidencias científicas de su idoneidad.

No obstante, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó seguir estudiando esta posibilidad, tal y como solicitaron otras regiones como Castilla-La Mancha, Andalucía, La Rioja, Valencia y Aragón.