Un ahorro de 7.129 millones y el 82% de concejales sin salario

El Gobierno ha iniciado este viernes la mayor transformación en la administración municipal en las últimas tres décadas, que conllevará que el 82% de los concejales no cobre, limitará el sueldo de los alcaldes y de los empleados públicos de los ayuntamientos y permitirá ahorrar 7.129 millones de euros.

Tras aplazar en varias ocasiones su aprobación y después de intensas negociaciones con los ayuntamientos y el PSOE, el Consejo de Ministros ha decidido enviar al Consejo de Estado, paso previo a su remisión a las Cortes, el proyecto de reforma que incluye un cambio en la Ley de Bases de Régimen Local.

Asimismo, el Gobierno ha incluido en este marco de reforma fijar en los Presupuestos Generales del Estado los límites del sueldo de los alcaldes, los cargos electos y los empleados públicos, que hasta ahora se fijaba en los consistorios.

Finalmente el Gobierno ha optado por no reducir el número de concejales, como había previsto en el primer borrador estudiado por el Consejo el pasado mes de julio que recogía una disminución del 30 por ciento del número de ediles.

A cambio, el Ejecutivo ha decidido que el 82% de los ediles no tenga dedicación exclusiva, de la que solo dispondrán 12.188 de los 68.285 concejales de España.

Retribuciones de los alcaldes

Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha aclarado que el salario que fijará la ley para los primeros ediles que más cobren -los de ciudades de más de 500.000 habitantes- se situará "en torno" a los 100.000 euros.

El ministro de Hacienda ha asegurado que se trata de una "reducción importante" y ha apuntado que, para algunos alcaldes de grandes ciudades, la limitación que establecerá la legislación ya supondrá una rebaja significativa.

"En fin, ya nos entendemos todos (...) si ya es importante, no es reducirlo a la mitad", ha respondido Montoro sobre el tope salarial.

El ministro ha defendido también que el baremo actual es "más adecuado" porque, ha dicho, va "corrigiendo" las retribuciones de todos los municipios de acuerdo con el número de habitantes.

En ese sentido, solamente los alcaldes de las ciudades de más de 500.000 habitantes podrán cobrar el tope salarial de un secretario de Estado, cuantía que se reducirá en un 10% -hasta un máximo aproximado de unos 90.000 euros- para los jefes de corporaciones locales de entre 300.001 y 500.000 habitantes.

Los primeros ediles de poblaciones de entre 150.001 y 300.000 habitantes podrán cobrar un máximo de alrededor de 80.000 euros -el sueldo de un secretario de Estado menos un 20%-, mientras que el tope será de ese sueldo menos un 25% para quienes estén al mando de municipios de entre 75.001 y 150.000 censados.

Podrán percibir hasta un 35% menos que un secretario de Estado los alcaldes de municipios de entre 50.001 y 75.000 habitantes, un 45% menos los de entre 20.001 y 50.000, y un 55% menos los de entre 10.001 y 20.000 habitantes.

Los alcaldes de poblaciones de entre 5.001 y 10.000 habitantes podrán cobrar hasta el 40% del salario de un secretario de Estado -unos 40.000 euros-, los primeros ediles de pueblos de entre 2.001 y 5.000 habitantes hasta un 30 %, y los de entre 1.001 y 2.000 hasta el 20 % de ese sueldo, que se corresponde con alrededor de 20.000 euros. Asimismo, no habrá retribución para los alcaldes de poblaciones de menos de 1.000 habitantes.

El informe recoge además que los presidentes de las diputaciones tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencia que "será igual al del alcalde de la corporación más poblada de su provincia", y los concejales que sean proclamados diputados provinciales tendrán que elegir entre uno de los dos sueldos.

Educación y Sanidad, competencia exclusiva de las autonomías

Las comunidades autónomas tendrán un período transitorio de cinco años para el cambio de titularidad de las competencias en educación y sanidad, que serán exclusivas de las autonomías, y que ahora, en algunos casos, ejercían los ayuntamientos de manera "impropia".

En el caso de los servicios sociales, el período transitorio con el que cuentan las comunidades autónomas es de un año.

Por tanto, con esta reforma quedan suprimidas las denominadas "competencias impropias", asumidas indebidamente y que "estaban ocasionando un grave perjuicio económico a los ayuntamientos", según explicita la referencia del Consejo de Ministros. "Un ayuntamiento tendrá las competencias que le dice la ley y sólo podrá hacer esas competencias", resalta el informe del Ejecutivo.

Además, el informe subraya que "únicamente cuando esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios, se podrán prestar otros servicios no obligatorios". Ello permitirá asegurar un número de servicios mínimos de los municipios, en función de su población, así como la financiación de las mismas, añade el texto que ahora pasa al Consejo de Estado.

Los servicios municipales se someterán a un proceso de evaluación por parte del Ministerio de Hacienda para conocer su coste real y comparar con el eficiente. Si resulta que no se puede mantener el servicio y se trata de una "competencia impropia" se debe suprimir y si se trata de un servicio de un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes que no puede hacerse cargo, pasará a la Diputación provincial.

En el caso de los municipios con más de 20.000 habitantes, voluntariamente podrán decidir integrar el ejercicio de la competencia en la administración superior o, si se trata de una competencia duplicada, acordar su delegación, mediante acuerdo, con la autonomía correspondiente.

La delegación de competencias al municipio, cuya duración no será inferior a cinco años, irá siempre acompañada de la financiación íntegra de la misma. Para evitar situaciones de impago la reforma establece mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones entre administraciones.

Las mancomunidades rendirán cuentas periódicamente

Las mancomunidades y las entidades locales menores que no rindan cuentas en un periodo de tres meses deberán desaparecer, según consta en el informe tramitado este viernes por el Consejo de Ministros sobre la reforma de la administración local. Por ello, se fortalece el papel de los interventores de las entidades locales y de los secretarios, que volverán al sistema de dependencia del Estado.

Este proyecto establece mecanismos de garantía del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y, en caso extremo, se prevé la intervención del municipio.

Montoro ha especificado que las mancomunidades y las entidades locales menores deberán rendir cuentas en tres meses, y que las que no lo hagan desaparecerán. Esta cláusula de la reforma es "muy importante", ha agregado el titular de Hacienda, que ha afirmado que no se puede admitir que se estén gestionando recursos públicos sin dar cuenta de sus presupuestos.

"Sencillamente, el que no es capaz de rendir cuentas y remitirlas al Tribunal de Cuentas no debe existir", ha reiterado Montoro, que ha comentado que algunas de ellas no lo han hecho nunca.

El 96,1% de las entidades locales incumplen la obligación de presentar el estado de sus cuentas, algo que pasa también en el 85,2% de las agrupaciones de municipios y en el 71,3% de las mancomunidades. En el caso de las diputaciones provinciales, el porcentaje es del 9,8%.

En la hipótesis de que se disuelvan, sus servicios pasarán a depender de las diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores se traspasarían a los municipios.

El ministro ha recordado que en la futura ley de racionalización y sostenibilidad de la administración municipal se acaban con las competencias impropias de los ayuntamientos y se fijan unos estándares de calidad y coste de los servicios.

Según las estimaciones del Gobierno, algunos servicios cuestan el triple en municipios de menos de cinco mil habitantes que en el resto de localidades.

La norma mantiene la intención inicial del Ejecutivo de que los municipios que no cumplan estos baremos de servicios públicos trasladen su gestión al siguiente escalón, que serían las diputaciones provinciales. De esta manera, se refuerza el papel de esta instituciones, algo que ha sido muy criticado por partidos de la oposición como el PSOE e Izquierda Unida.

Los servicios municipales se someterán a un proceso de evaluación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para conocer su coste real y comparar el eficiente.

En el caso de los municipios con población superior esta población, voluntariamente pueden decidir integrar el ejercicio de la competencia en la administración superior o, si se trata de una duplicada, acordar su delegación, mediante acuerdo con la comunidad autónoma.

Esta delegación de competencias al municipio, cuya duración no será inferior a cinco años, irá siempre acompañada de la financiación íntegra de la misma.

El Gobierno fija en el informe mecanismos para garantizar el cumplimiento de obligaciones entre administraciones, que permitirá por primera vez la compensación de deudas pendientes. Se establece que podrá ser causa de revocación o renuncia de la delegación recibida de las autonomías si no se recibe la financiación acordada.

Además, solo se podrán aceptar delegaciones o suscribir convenios con autonomías cuando se firme una cláusula de garantía de cumplimiento, que permitirá que la Administración General pueda retener transferencias a la comunidad morosa del sistema de financiación autonómica.

>> En las imágenes, Cristobal Montoro junto a Soraya Sáenz de Santamaría y José Manuel Soria durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes.