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La Comunidad detecta 40 fallos en pulseras telemáticas y exige al Gobierno que garantice su eficacia
La Comunidad de Madrid ha contabilizado hasta la fecha 40 incidencias en el funcionamiento de las pulseras telemáticas utilizadas para proteger a mujeres víctimas de violencia, una situación que ha llevado al Ejecutivo autonómico a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez más medios y garantías para atender adecuadamente a las afectadas.
Así lo han reclamado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras una reunión extraordinaria del Observatorio de Víctimas de la violencia machista, convocado con carácter urgente por la propia Administración regional.
La preocupación de la Comunidad ha aumentado tras conocerse la advertencia incluida en la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, que alertaba de absoluciones en procedimientos judiciales motivadas por fallos reiterados en los dispositivos de control. “Las pulseras no funcionan y no responden a las necesidades de las mujeres”, ha denunciado García Martín, que ha exigido al Gobierno una “rendición de cuentas” inmediata.
Fallos detectados en oficinas, emergencias y atención telefónicaSegún los datos ofrecidos por el consejero, seis de los fallos se han detectado en las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos, dependientes de su departamento, otros 31 han sido registrados por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, y tres adicionales a través del servicio de atención 012 Mujer. La suma eleva a 40 las incidencias documentadas en la región, aunque el Ejecutivo madrileño advierte de que podrían ser más. “Tememos que estas cifras sigan creciendo si no se adoptan soluciones urgentes”, ha señalado García Martín.
Madrid reclama al Gobierno que no vuelva a fallar en la protección de las víctimasDesde la Comunidad insisten en que se trata de un asunto de máxima gravedad, que afecta directamente a la integridad de mujeres que cuentan con medidas judiciales de protección. Por ello, han reclamado al Ejecutivo central no solo recursos, sino también un compromiso real para garantizar la fiabilidad del sistema. “No puede volver a suceder”, ha insistido el portavoz regional, quien ha lamentado que se haya llegado a esta situación por negligencias técnicas que podrían haberse evitado con una gestión más rigurosa por parte del Ministerio competente.
