La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha calificado este jueves de “tomadura de pelo” el modelo de financiación singular que el Gobierno central negocia con los partidos independentistas catalanes, al que ha acusado de constituir un “chantaje total” al resto de comunidades autónomas.
Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea, donde ha presentado el proyecto de Presupuestos regionales para 2026, Albert ha censurado duramente los acuerdos del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana, advirtiendo que lo pactado “es un régimen equivalente al concierto económico”, camuflado bajo negociaciones bilaterales.
Albert ha arremetido contra lo que considera una cesión sin precedentes al secesionismo catalán, recordando que el propio Ejecutivo admite estar elaborando un modelo que pretende ser al mismo tiempo “multilateral y bilateral, singular y universal”, lo que a su juicio es una contradicción insostenible. Para la consejera, este nuevo planteamiento castigará a regiones como Madrid por haber optado por una política de bajada de impuestos, mientras se premia a quienes “chantajean con la ruptura de España”.
Durante su intervención, la consejera madrileña ha utilizado un ejemplo didáctico para ilustrar el agravio que supone la financiación diferenciada. “Si en una clase hay 17 niños y hay 17 manzanas, lo justo es que cada uno reciba una. Pero si a uno se le da una manzana más, entonces otro se queda sin ella, o los demás deben repartir parte de la suya. Eso es lo que nos quieren imponer con esta financiación singular”, ha señalado. Según Albert, esta lógica solo puede conducir a dos escenarios: o se recortan servicios, o se suben los impuestos en el resto del país.
Albert ha recalcado que todos los fondos que recibe Madrid provienen directamente de los impuestos que pagan los madrileños, mientras que el Gobierno central, en sus palabras, “presume de darnos más dinero cuando en realidad se queda con más recursos que nunca y nos invierte menos que nunca”. Ha denunciado, además, una deuda acumulada del Ejecutivo con la Comunidad que asciende a 10.500 millones de euros desde 2019, derivados de impagos en materias como dependencia, transporte público o justicia.