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La Comunidad identifica más de 5.000 hectáreas afectadas por construcciones ilegales
La Comunidad de Madrid ha detectado 1.906 edificaciones ilegales en suelo protegido entre los años 2021 y 2024, dentro del marco del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística, que ha permitido localizar 5.334,3 hectáreas ocupadas irregularmente en 56 municipios de la región.
El informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior revela que cerca del 80 % de esta superficie afectada se concentra en las vegas de los principales ríos madrileños, destacando las zonas del Tajuña, con 2.712,5 hectáreas; del Jarama, con 1.019,5; del Guadarrama, con 363,2; y del Tajo, con 150,2 hectáreas.
Ante el riesgo que estas construcciones suponen tanto para la seguridad de las personas como para el entorno natural, el Gobierno regional ha incluido la lucha contra estos asentamientos como uno de los ejes del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2025-2029, recientemente aprobado.
Este nuevo plan se estructura en fases anuales e incluye diversas medidas, como análisis a partir de fotografía aérea, estudios sobre núcleos ilegales, apertura de expedientes disciplinarios y sancionadores, así como acciones formativas para técnicos municipales y ciudadanos.
El Ejecutivo autonómico ha manifestado su voluntad de reforzar la legalidad urbanística y proteger el suelo no urbanizable, ofreciendo además apoyo técnico y jurídico a ayuntamientos —especialmente a los de menos de 5.000 habitantes—, a órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, mediante la emisión de informes y la colaboración en la ejecución de sentencias.
Durante el periodo 2021-2024, la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística realizó 455 visitas y tramitó 942 expedientes de diligencias previas, junto a otros 143 disciplinarios urbanísticos, 45 de ejecución subsidiaria, 88 sancionadores, 67 órdenes de demolición y 258 requerimientos de información.
El objetivo final de estas actuaciones es recuperar el uso legítimo del suelo y restaurar el entorno natural, permitiendo su retorno a actividades agrícolas, ganaderas o forestales. No se trata únicamente de demoler construcciones irregulares, sino de garantizar la recuperación efectiva del terreno afectado.
Un ejemplo de esta política se dio en El Molar, donde se procedió a la restauración del entorno natural tras intervenir sobre un asentamiento ilegal, reafirmando el compromiso institucional con la protección del suelo rústico y el cumplimiento de la normativa vigente.
Más recientemente, en Chinchón, la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo una demolición subsidiaria de tres contenedores frigoríficos reconvertidos en viviendas, sin licencia y ubicados en suelo no urbanizable de especial protección. La intervención se realizó en colaboración con el Ayuntamiento para restituir la legalidad vulnerada.
