La Comunidad recuerda que el reparto de menores migrantes impuesto por el Gobierno sigue recurrido ante los tribunales

La Comunidad de Madrid ha subrayado este miércoles que los Reales Decretos con los que el Gobierno central pretende imponer el reparto forzoso de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta y Canarias siguen pendientes de resolución judicial, al encontrarse recurridos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Así lo han indicado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, después de que el Supremo rechazara la suspensión cautelar solicitada por la Comunidad respecto a doce traslados concretos.

Desde el Ejecutivo regional se ha recordado que, pese al litigio abierto, ya se ha prestado atención a un total de 120 menores llegados desde los territorios extrapeninsulares. Algunos de estos jóvenes, aseguran, “fueron trasladados como paquetes y en contra de su voluntad”, en palabras del Gobierno autonómico, que ha reiterado su oposición a una política basada en la imposición sin diálogo ni respeto a las competencias autonómicas.

En paralelo, la Comunidad ha vuelto a reclamar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que acelere la incorporación de los menores solicitantes de protección internacional al Sistema Nacional de Acogida, competencia exclusiva del Estado. Durante el último año, la Administración madrileña ha atendido a 117 menores en esta situación, a pesar de que el Gobierno central no se ha hecho cargo “de ni un solo caso”, según fuentes de la Consejería.

El pasado 30 de diciembre, Madrid remitió un primer listado de diez menores próximos a cumplir la mayoría de edad, conforme al mandato fijado por el Tribunal Supremo, que dictó una medida cautelar dando un plazo improrrogable de 30 días para garantizar su acceso real y efectivo al sistema estatal de acogida. Sin embargo, las citas asignadas por parte del Ministerio —en comunicaciones de los días 30 de diciembre, 5 y 13 de enero— han sido fijadas una vez superado ese límite o incluso tras la mayoría de edad de los afectados, lo que vulneraría el principio de interés superior del menor, advierte la Comunidad.

Asimismo, preocupa en el seno del Ejecutivo regional que en esas mismas comunicaciones se haya solicitado documentación que acredite la mayoría de edad, lo que en la práctica supone excluir a estos menores del sistema mientras aún se encuentran bajo tutela autonómica. “El acceso al SAPI se está articulando únicamente una vez extinguida la tutela administrativa, situando a estos jóvenes en un riesgo evidente de desprotección”, denuncian desde la Consejería dirigida por Ana Dávila.

Pese a todo, la Comunidad de Madrid ha reiterado su disposición a seguir colaborando con la ejecución del auto judicial, “siempre dentro del respeto al interés superior del menor y al cumplimiento estricto de lo dictado por el Tribunal Supremo”. La situación, en todo caso, evidencia una vez más la descoordinación y la falta de responsabilidad asumida por el Gobierno central en una materia especialmente delicada, tanto en lo jurídico como en lo humano.