la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este martes que "algo no está funcionando bien" en la aplicación de esta medida, pues desde su entrada en vigor, el 30 de noviembre, se ha aplicado el protocolo por picos de contaminación uno de cada tres días.
Villacís considera que lo que no funciona es la imposibilidad de circular por los grandes ejes principales incluidos en este área de bajas emisiones.
"La gente está haciendo más kilómetros, más atascados y contaminando más, eso sí hay que revertirlo", ha defendido la edil tras reunirse con la Asociación de instaladores de Madrid (Agremia).
Desde la puesta en marcha de Madrid Central, el pasado 30 de noviembre, el protocolo ha estado activado durante un total de 15 días, 16 contando con la aplicación mañana del escenario 2, que impide circular por la M-30 y su interior a los coches sin etiqueta ambiental, los diésel anteriores a 2006 y los de gasolina previos al año 2000.
De lograr ser alcaldesa Begoña Villacís estudiaría las medidas "negativas", de Madrid Central, que según la concejal incrementan la contaminación en los alrededores de este área, y también aquellas "pequeñas cosas" que han funcionado "bien", como las peatonalizaciones, pero rechaza que se anuncien reversiones sin explicar qué se va a hacer, en alusión al PP.
Además, Villacís ha denunciado que el 56 % de los gases contaminantes vienen de la climatización de los edificios y ha añadido que no se puede "gobernar de espaldas a esta realidad", sino que hay que promover la eliminación de las calderas más contaminantes.
También ha exigido una solución para los instaladores de gas, que actualmente como vehículo industrial tienen restringido el horario de entrada a Madrid Central. Un escape de gas o la rotura de una fontanería puede ocurrir pasadas las tres de la tarde, por lo que Villacís ve un "absurdo" esta limitación a empresas que viven de prestar servicios en la capital.
En el mismo sentido, José María de la Fuente, presidente de Agremia, ha señalado que las actuales limitaciones dificultan la atención de las urgencias y el trasporte público no es una opción porque se lleva "una carga de herramientas" por lo que pide soluciones para un sector que emplea a entre 15.000 y 20.000 personas.