La Policía Municipal interviene 42.000 productos falsificados en Madrid

La Policía Municipal de Madrid, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha incautado 42.000 productos falsificados, cuyo valor en el mercado asciende a 8 millones de euros.

Esta acción se enmarca dentro de la operación Bluey, llevada a cabo entre mayo y julio, no solo en Madrid capital, sino también en las localidades de Majadahonda y Arroyomolinos.

La investigación comenzó tras detectar una posible venta de artículos falsificados en un establecimiento situado en un conocido centro comercial del distrito de Usera. En una primera inspección, los agentes confiscaron aproximadamente 1.170 productos con indicios de falsificación, lo que motivó la búsqueda en otros comercios bajo la misma titularidad.

Las indagaciones llevaron a los agentes a identificar tiendas con características similares en Madrid, así como en Majadahonda y Arroyomolinos. Dado que los productos procedían de China y eran introducidos en contenedores, se sospechó de un posible caso de contrabando, por lo que la Policía informó al Servicio de Vigilancia Aduanera.

El 11 de julio, se inspeccionaron las tiendas en Madrid, verificando que los productos habían sido retirados de la venta al público. Sin embargo, tres días después, un operativo coordinado por la Comisaría de Coordinación Judicial de la Policía Municipal inspeccionó una nave industrial que funcionaba como almacén y centro logístico de distribución, donde se incautaron los 42.000 artículos falsificados.

Infracciones laborales y riesgos para la salud

Durante la operación, también se levantaron actas por infracciones laborales tras encontrar a un menor trabajando en el almacén, además de por la falta de la licencia de actividad requerida según la Ordenanza Municipal, tal como ha detallado la Policía Municipal de Madrid en un comunicado.

Las autoridades de la capital han advertido que estos productos, dirigidos principalmente al público infantil y vendidos en centros de gran afluencia, no cumplían con los estándares de calidad y seguridad exigidos por la normativa, lo que podría suponer riesgos para la salud de los consumidores.