Sanz exige al Gobierno que asuma su responsabilidad ante la crisis humanitaria en Barajas
La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha denunciado este lunes una “dejación de funciones” por parte del Gobierno de España ante la creciente presencia de personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En declaraciones a los medios, Sanz ha reclamado una implicación efectiva del Ejecutivo nacional en la búsqueda de soluciones, señalando directamente a hasta cinco ministerios que, según ha afirmado, se mantienen al margen pese a su responsabilidad en la materia.
Sanz ha citado expresamente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del que depende Aena, como responsable directo de una infraestructura “crítica” como es el Aeropuerto de Barajas. A ello ha sumado responsabilidades del Ministerio del Interior, en materia de inmigración y derechos de asilo, y del Ministerio de Sanidad, ante las complicaciones derivadas del estado de salud de algunas de estas personas. “Lo que han dado es la callada por respuesta”, ha lamentado, afeando que ninguno de estos ministerios haya ofrecido una respuesta o colaboración concreta ante una problemática que, a su juicio, les compete de forma clara.
La vicealcaldesa ha confirmado la asistencia del Ayuntamiento de Madrid a la reunión convocada con Aena y la Delegación del Gobierno este lunes, asegurando que acudirán “en las mismas condiciones que en anteriores encuentros”. Ha subrayado, no obstante, que mientras desde el ámbito municipal se actúa con los medios disponibles, es el Gobierno central quien debe liderar la identificación y atención de estas personas, especialmente en lo relativo a su situación legal en el país.
Hasta el momento, los servicios sociales municipales han atendido a 94 personas sin hogar en las instalaciones aeroportuarias, algunas de las cuales han sido reubicadas en recursos del Ayuntamiento. Sanz ha aclarado que la competencia municipal se limita a aquellos ciudadanos con vinculación directa con Madrid, pero que aun así están asumiendo la atención de solicitantes de asilo que, por ley, deberían estar bajo responsabilidad estatal. “El Gobierno de España está colapsando estos recursos, y tenemos que hacernos cargo durante mucho más tiempo del que sería adecuado”, ha denunciado.
Sanz ha insistido en que la solución pasa por establecer con precisión la identidad y situación jurídica de las personas afectadas. Este paso, imprescindible para la aplicación de recursos adecuados, es competencia exclusiva del Gobierno central. “No se puede transferir al Ayuntamiento”, ha remarcado, reiterando la disposición del Consistorio a colaborar, pero exigiendo que el Ejecutivo cumpla con sus obligaciones institucionales.
