Madrid amenaza con ir a los tribunales si el Gobierno no asume su deber en Barajas

El Ayuntamiento de Madrid ha enviado un requerimiento formal a los ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concediéndoles un plazo de un mes para que asuman la atención de los solicitantes de asilo alojados actualmente en recursos municipales. Así lo ha anunciado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, en un comunicado emitido este lunes.

El Consistorio reclama que el Gobierno proporcione acceso inmediato al Sistema de Acogida de Protección Internacional a todas las personas que han solicitado o manifestado su intención de solicitar asilo y se encuentran en centros municipales. En caso de que no se produzca una respuesta satisfactoria en el plazo estipulado, el Ayuntamiento se reserva el derecho de interponer una demanda judicial contra la Administración central.

En torno a 400 personas permanecen alojadas en recursos del Ayuntamiento habilitados para situaciones de emergencia social, lo que ha provocado un colapso del sistema de emergencias municipales. "Exigimos al Gobierno de España que asuma sus competencias, tal y como establece el artículo 149 de la Constitución", ha señalado Fernández, recordando que corresponde al Estado regular las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos, así como las materias de inmigración y extranjería.

Fernández ha recordado que esta situación ya ha sido trasladada en varias reuniones al Ministerio de Migraciones, donde se ha reconocido el mal funcionamiento del sistema estatal. El delegado ha acusado al Ejecutivo central de no ofrecer respuestas ni gestionar adecuadamente. "Lo hemos visto también en otros ámbitos como los aeropuertos o los trenes. El Gobierno tiene que gobernar, y lo que no hace es eso", ha afirmado.

Medida provisional ante el abandono estata

lDesde el área de Políticas Sociales se ha recalcado que, pese a que la atención a los solicitantes de asilo es una competencia exclusiva del Estado, el Ayuntamiento de Madrid está ofreciendo una solución temporal en el marco de la emergencia social. El objetivo es evitar que estas personas, muchas de ellas en situación de especial vulnerabilidad, acaben en la calle.

Actualmente, el Consistorio dispone de 630 plazas de emergencia social, de las cuales alrededor de 380 están ocupadas por personas solicitantes de asilo o a quienes se les ha denegado la protección internacional y que, por tanto, se encuentran en un limbo administrativo. La cifra de personas acogidas en distintas fases del proceso asciende a unas 400.

Resulta especialmente alarmante que 105 de estas personas ya tienen asignada una plaza en los centros del sistema estatal, pero siguen a la espera de ser trasladadas. La estancia media en los centros municipales es de 131 días, con algunos casos que superan los 290. En el mes de enero, apenas se realizaron nueve derivaciones desde los centros municipales a los estatales, lo que ilustra el ritmo inadmisible con el que se está actuando desde el Gobierno. Desde el Ayuntamiento advierten de que, si no se incrementa el número de salidas, no podrán ofrecer acogida a nuevas personas.