Las obras de rehabilitación integral en los apartamentos municipales para personas mayores situados en San Francisco continúan sin fecha de inicio debido a la permanencia de cuatro residentes que se niegan a abandonar las instalaciones. Así lo ha reconocido el Ayuntamiento de Madrid durante la comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, celebrada este lunes.
La concejala de Más Madrid Mar Barberán ha arremetido contra lo que ha calificado como una "pésima gestión" del Gobierno municipal, denunciando que han pasado nueve meses desde el desalojo forzoso de 55 mayores sin que las obras hayan comenzado. Según ha señalado, estos vecinos fueron trasladados a recursos alternativos que muchos de ellos no deseaban, bajo la premisa de una actuación urgente motivada por el riesgo estructural del edificio.
"Se dijo que el edificio se podía caer, y sin embargo, nueve meses después no ha empezado ni una sola obra", ha criticado. A su juicio, el Ejecutivo local debió prever esta situación y optar por una sectorización de los trabajos, lo que habría permitido avanzar sin obligar al desalojo total.
Barberán ha cuestionado también la falta de información ofrecida a los afectados y ha recordado que la inspección técnica desfavorable del inmueble data del año 2019. "Han tenido tiempo de sobra incluso para haber construido nuevos apartamentos", ha sentenciado.
Desde el equipo de Gobierno, la directora general de Mayores y Prevención de la Soledad No Deseada, Silvia Saavedra, ha respondido que ya se están tramitando los procedimientos administrativos necesarios para iniciar acciones judiciales contra las cuatro personas que permanecen en el edificio. Según ha afirmado, lo hacen "de forma absolutamente egoísta e insolidaria", impidiendo el comienzo de una intervención de gran envergadura.
Saavedra ha explicado que estos usuarios tienen un derecho de uso y no de propiedad sobre las viviendas, por lo que se está tramitando la baja temporal de sus plazas para poder continuar con el proyecto.
En defensa de la actuación municipal, ha insistido en que las obras no pueden sectorizarse porque afectan a elementos estructurales del inmueble como la cubierta, la envolvente, el sistema de climatización, fontanería, escalera, ascensor, protección contra incendios y evacuación.
El contrato principal ya está aprobado, pero el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a un contrato menor para hacer seguimiento de las personas que aún permanecen allí. "No estamos en stand-by, estamos cumpliendo la ley", ha concluido Saavedra, subrayando que el Consistorio está sufriendo un perjuicio económico y operativo a causa de esta situación.