La Mancomunidad del Suroeste pide a la Comunidad que evite su disolución

La Mancomunidad del Suroeste ha solicitado la mediación de la Comunidad de Madrid en el conflicto que mantienen con el municipio de Cubas de La Sagra y que podría llevar a la disolución de dicha entidad el próximo 31 de enero.

La Mancomunidad -integrada en la actualidad por las localidades de Griñón, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Batres, Moraleja de Enmedio y Cubas de la Sagra, no ha podido renovar el convenio de prestación de servicios sociales con la Comunidad de Madrid ante el temor de quedarse sin presupuesto para pagarlo.

Por ello, los 35.000 vecinos de este área pueden quedarse sin este tipo de servicios y los 18 trabajadores de la Mancomunidad perder su empleo, si el asunto no se soluciona antes de fin de mes.

Esto es así, según ha declarado el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Griñón, José María Porras, "por el impago de la deuda por parte de Cubas de la Sagra, que asciende a 312.000 euros".

Porras ha asegurado en declaraciones que "en estos momentos los ayuntamientos deben 1.200.000 euros a la Mancomunidad y esta 800.000 a proveedores, siendo Griñón el único que no tiene deuda".

Torrejón de la Calzada es el que más debe -unos 400.000 euros- seguido de Cubas de la Sagra y Moraleja; sin embargo, el actual presidente -que lleva un año en el cargo- negoció un plan de amortización de la deuda y de pagos de la cuota corriente con todos los municipios, excepto con Cubas, cuyo alcalde se niega a pagar.

"Cuando yo fui elegido me encontré con que los trabajadores llevaban 5 meses sin cobrar y con un corte de luz en la sede, a lo que se sumaba la situación de Cubas, que quería marcharse de la Mancomunidad en 2013, pero no cumplía los requisitos para hacerlo", ha dicho.

Hasta ahora no había habido problemas para continuar prestando los servicios, porque Humanes, que también "se desmancomunó", había pagado su deuda hasta ahora.

Por su parte, el alcalde de Cubas de la Sagra, José Pedro Flores, justifica su postura basándose en una sentencia de octubre de 2016, en la que el contencioso administrativo considera que el municipio estaba en su derecho de abandonar la Mancomunidad.

En cuanto al requisito de pagar lo que debía antes de marcharse, el juzgado no se declara competente en ese proceso.

"Me dicen en la Mancomunidad que Cubas tiene una deuda que supone el 15% del total, pero la deuda se tiene porque no nos dejaron irnos cuando quisimos, a pesar de que la decisión se aprobó en el pleno municipal por unanimidad de todos los grupos políticos", añadió Flores.

Hasta esa fecha, "nuestro municipio estaba al corriente de pago, al igual que Arroyomolinos".

La decisión de abandonar la Mancomunidad se debió "a que las cuotas eran excesivas y los servicios sociales que se nos prestaban eran escasos respecto a lo que pagábamos".

El alcalde prefiere firmar un convenio con la Comunidad de Madrid, como tienen otros municipios de menos de 20.000 habitantes.

Según Virtudes Moya, representante de los trabajadores de la Mancomunidad "las dos únicas soluciones pasan por que Cubas pague su deuda o el resto de municipios aporte más", pero a su juicio "la Comunidad de Madrid debería mediar, haciendo entrar en razón al alcalde de Cubas, que es de su partido".

En caso contrario, "tendrían que bloquearles subvenciones, porque incumplirían la ley al firmar convenios con un municipio que mantiene deudas con otra entidad administrativa".

En la actualidad, los vecinos de Cubas se desplazan hasta Griñón para recibir atención social; de hecho, en 2016, 665 vecinos solicitaron uno de los programas.

El alcalde de Cubas denuncia que algunos vecinos suyos que han pedido una ayuda de emergencia, a pesar de contar con los informes favorables, las tienen denegadas.

Esto se está produciendo con las correspondientes al último trimestre, que se han retenido hasta que se aclare la situación.

El caso ha sido puesto en conocimiento de la Asamblea de Madrid y se han mantenido reuniones con responsables del Gobierno regional.

Además, CCOO ha pedido una reunión urgente con la Consejería de Servicios Sociales y con la Junta de Gobierno de la mancomunidad.

Si no se hay solución antes del 31 de enero, "no quedará más remedio que proceder a la disolución", ha concluido el presidente de la Mancomunidad.