La Comunidad de Madrid entregó el doble de las viviendas sociales que prometió
El Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid ha entregado 2.400 viviendas sociales en lo que va de legislatura, el doble de las 1.200 que se había comprometido a poner a disposición de los ciudadanos en cuatro años.
En una entrevista, la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, destaca estos datos "frente a los del Ayuntamiento de Madrid, que tenía proyectadas 4.000 viviendas sociales y ha entregado cero".
La Comunidad de Madrid puede "sacar pecho" porque cuenta con el mayor parque de vivienda pública de toda España y lo tiene "en las mejores condiciones" porque está utilizando los recursos presupuestarios para conseguirlo, señala.
"Esta legislatura -afirma- ha sido fructífera porque la situación económica favorable de la Comunidad de Madrid nos ha dado la posibilidad de utilizar esos recursos económicos".
No obstante, subraya que hay que "seguir trabajando y aunar esfuerzos para facilitar la máxima oferta de vivienda pública a todas aquellas personas que tienen que solicitar un piso social por sus recursos económicos".
La consejera precisa que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid tiene 23.000 viviendas en patrimonio, de las cuales "un número importante se encuentran ocupadas ilegalmente".
Los casos de ocupación ilegal están denunciados en los juzgados para tramitar el desalojo de los "ocupas" y lograr que las viviendas puedan ser utilizadas por las familias que las necesitan, apunta Gonzalo, quien recuerda que ha entregado a la Delegación del Gobierno un mapa de pisos ocupados y zonas de mayor conflictividad.
Asegura que la Agencia de Vivienda Social "no tiene viviendas vacías", sino casas que acaban de ser desocupadas (tras la resolución judicial de una ocupación ilegal o el fin del contrato del anterior inquilino) que están en reparación, remodelación o actualización para poder ser utilizadas por otra persona.
"En el momento en que las viviendas están habitables, se ponen a disposición de nuevos usuarios. Hay un protocolo de actuación. La Agencia de Vivienda se encarga de mantener y arreglar las viviendas y la Dirección General de la Vivienda se ocupa de adjudicarlas", detalla.
En la actual situación del sector inmobiliario, la consejera muestra su preocupación por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de "parar" los desarrollos urbanísticos del sureste, donde la Comunidad de Madrid tiene previsto construir vivienda pública.
"El Ayuntamiento de Madrid -agrega- no solo no está entregando vivienda, sino que tampoco nos está dando las herramientas de planeamiento urbanístico, paralizando los desarrollos del sureste y dejando en una situación de vulnerabilidad en la utilización de esos suelos a aquellos que somos propietarios como la Comunidad de Madrid".
La Administración regional va a utilizar todas las herramientas jurídicas a su alcance porque "no va a consentir que un patrimonio que es de todos los madrileños, de forma unilateral, el Ayuntamiento de Madrid lo quiera resolver", sostiene Gonzalo.
El pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió de forma cautelar el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, del 25 de enero pasado, por el que se aprobó el Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste.
El plan municipal paralizado suponía reducir a la mitad estos desarrollos, que podrían urbanizar 53.200 viviendas en lugar de las 105.000 previstas en el planeamiento anterior, reformulado por Ahora Madrid.
Al ser preguntada por las "viviendas nicho", pequeños "cubículos" de unos tres metros cuadrados, que ofrece la empresa Haibu 4.0. en la capital catalana, la consejera aboga por "la humanización de la sociedad" y por "la dignificación de la persona en el lugar donde tiene que hacer su vida, que es su casa".
Apuesta por "buscar todos los recursos que tiene la Administración" para evitar este tipo de soluciones para personas con problemas económicos.
