El presidente de CEIM apoya la baja flexible y pide más diálogo social

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha respaldado la iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la baja flexible, calificándola como una "buena fórmula" que podría beneficiar tanto a las empresas como a los trabajadores.

Así lo manifestó este lunes durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde fue presentado por el exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

Garrido valoró la propuesta de baja flexible, que permite una reincorporación gradual al trabajo para aquellos que están de baja médica, señalando que "todos conocemos ejemplos de personas que tienen bajas prolongadas, lo que impide la normal actividad empresarial". Para el presidente de CEIM, la clave radica en que este tipo de acuerdos se realicen entre el trabajador, la empresa y con la supervisión médica, lo que podría agilizar el proceso de reincorporación laboral y beneficiar también a las arcas públicas.

"Toda propuesta debe ser analizada y para eso están las mesas de diálogo social", recalcó Garrido, haciendo énfasis en que los representantes de trabajadores y empresarios deben evaluar los efectos de esta medida antes de que sea legislada.

Crítica a las imposiciones en la reducción de la jornada laboral

Durante el encuentro, Garrido también se pronunció sobre la reducción de la jornada laboral, exigiendo "respeto" a las negociaciones y advirtiendo contra las imposiciones unilaterales por parte del Gobierno. Dirigiéndose específicamente a la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el presidente de CEIM destacó que cualquier medida en este sentido debe pasar por el diálogo social.

Garrido explicó que en España ya existe una jornada laboral promedio cercana a las 37 horas y media, gracias a los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva. "Cuando se deja negociar, se suelen conseguir acuerdos", afirmó, insistiendo en que cualquier reducción de jornada debe estar acompañada de mejoras en la productividad para evitar un aumento de los costes salariales que pueda afectar la competitividad y destruir empleo.

Además, comentó que la regulación actual permite que las empresas y sus trabajadores acuerden jornadas laborales de cuatro días, por lo que defendió la libertad de las partes para decidir lo que más les conviene.

Evaluación del impacto económico

Respecto al reciente cambio de postura del Partido Popular sobre la jornada laboral, Garrido señaló que cualquier iniciativa es legítima, pero insistió en que debe ser el resultado del diálogo social y de una cuidadosa evaluación de su impacto económico. "Hay que dejar que las partes decidan libremente qué es lo que más les interesa", concluyó.