La Comunidad aprueba la Ley contra la Hiperregulación

El Consejo de Gobierno aprueba un proyecto de ley que busca la simplificación normativa y la reducción de cargas burocráticas mediante compensación obligatoria de nuevas obligaciones empresariales.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, que busca la simplificación normativa y la reducción de cargas burocráticas. Ahora se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y votación.

En el nuevo texto se recoge que cada nueva carga administrativa que se imponga a una empresa deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente. Además, las normas con nuevas obligaciones para las empresas y los operadores económicos tendrán dos fechas fijas de entrada en vigor, el 2 de enero y el 1 de julio, para que sea predecible, inspirado en el modelo británico.

Caducidad de normas y evaluación permanente

La norma introduce por ley la caducidad de las normas organizativas para evitar que sigan vigentes cuando ya no son necesarias, y la evaluación permanente de todo el cuerpo normativo de la Comunidad de Madrid, para comprobar si cumple su objetivo y decidir si debe mantenerse, modificarse o eliminarse.

Aceleradora de Inversiones y Línea Abierta

La Comunidad de Madrid refuerza la Aceleradora de Inversiones, con tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad para los proyectos de especial interés. Potencia asimismo la Línea Abierta contra la Hiperregulación para que ciudadanos y empresas puedan comunicar trámites o requisitos que dificulten la actividad económica. Con ella, ya se han eliminado 738 cargas administrativas.

Participación privada en gestión de trámites

El proyecto regula la participación de entidades privadas en la gestión de trámites administrativos para reducir los tiempos de respuesta. Estas deberán contar con una acreditación y estarán sujetas a controles y responsabilidades que garanticen los derechos de ciudadanos y empresas.

Espacios de prueba e inteligencia artificial

La propuesta contempla también espacios de prueba donde se podrán ensayar, bajo supervisión de la Administración, productos o servicios que la legislación vigente aún no contempla. Además, incluye el uso de datos e inteligencia artificial en la gestión pública y la digitalización de trámites.