La Comunidad agotará la vía judicial por las 8.500 licencias VTC a Cabify: "Debemos acatar"
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha afirmado este lunes que el Gobierno regional acata las resoluciones judiciales que obligan a conceder 8.500 licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) a la empresa Cabify, aunque ha subrayado que no está de acuerdo con esta decisión y que agotará todos los recursos legales disponibles.
Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Rodrigo ha recordado que ya se han dictado cinco autos judiciales en este largo proceso, iniciado hace años, que obligan a la administración autonómica a autorizar las licencias. En todo caso, ha precisado que la Comunidad ya ha presentado un recurso de reposición y prevé acudir al recurso de casación en la fase procesal correspondiente.
“La Comunidad de Madrid respeta y cumple las sentencias judiciales, como no puede ser de otra manera, pero no compartimos esta resolución. Por ello, vamos a agotar la vía judicial”, ha indicado el consejero.
Rodrigo ha manifestado la preocupación del Ejecutivo autonómico por el posible impacto que la entrada de estas nuevas autorizaciones VTC pueda tener sobre el sector del taxi. En la región existen actualmente más de 16.000 licencias de taxi frente a cerca de 9.000 de VTC, cifras que, según ha dicho, suponen un equilibrio que permite dar cobertura al conjunto de la población madrileña.
“Nos preocupa que se pueda poner en riesgo el sustento económico de muchas familias que viven del taxi”, ha afirmado el consejero, que ha defendido un modelo donde “VTC, sí, pero taxi, también”, subrayando la necesidad de garantizar una competencia equilibrada y sostenible entre ambas fórmulas de transporte público.
La Comunidad condicionó inicialmente la concesión de estas licencias a que Cabify acreditara la posesión de vehículos suficientes para operar con ellas, algo que la empresa considera contrario a las resoluciones judiciales que ya le han dado la razón.
Ante esta situación, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha convocado una marcha de protesta para este martes. Desde la organización denuncian supuestas irregularidades en la documentación presentada por Cabify y critican lo que consideran un trato favorable hacia la multinacional con sede en Estonia.
Cabify, por su parte, ha reiterado que las 8.500 licencias son fruto de resoluciones judiciales firmes y que, en un Estado de derecho, las sentencias deben cumplirse. “Estas licencias nos las han concedido los tribunales. En España nos gusta cumplir las sentencias judiciales”, ha afirmado la empresa.
La solicitud de licencias fue presentada por Cabify el 20 de abril de 2018, un día antes de que el entonces Gobierno de Mariano Rajoy pusiera en marcha el decreto que limitaba la ratio de VTC a una por cada treinta licencias de taxi. La Comunidad de Madrid denegó la solicitud amparándose en ese criterio, lo que llevó a Cabify a recurrir ante el Tribunal Supremo, que le dio la razón.
Posteriormente, en 2023, el Gobierno central reformó la normativa para otorgar a las comunidades autónomas y ayuntamientos mecanismos de control sobre las VTC, permitiendo limitar nuevas autorizaciones por razones medioambientales y de gestión del tráfico.
Sin embargo, tras nuevas denegaciones de la Comunidad en julio de 2024, Cabify volvió a recurrir y obtuvo una vez más resoluciones favorables que obligan a la administración madrileña a conceder las licencias. La polémica continúa abierta, con implicaciones judiciales, políticas y sociales aún por resolver.
