El Supremo rechaza el recurso del Ayuntamiento y deja sin efecto la ordenanza de terrazas
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la anulación de la modificación de la ordenanza de terrazas, aprobada durante el anterior mandato municipal bajo la coalición entre José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís. La decisión, dictada por la sala de lo contencioso-administrativo el pasado 12 de marzo, confirma la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que había invalidado la ordenanza por graves deficiencias en su tramitación.
El alto tribunal ha resuelto que no existe interés casacional ni necesidad de un pronunciamiento adicional, desestimando así la pretensión del Consistorio. El fallo incluye la imposición de costas procesales al Ayuntamiento por un máximo de 2.000 euros. El Supremo ha respaldado los argumentos de la instancia anterior, que declaró nula la modificación por la ausencia de un informe de impacto presupuestario y, sobre todo, por no haber contado con el correspondiente análisis medioambiental, exigido por directrices internas del propio Ayuntamiento.
En su análisis, el Supremo subraya que se trata de una modificación de una ordenanza ya existente y que, por tanto, su trascendencia jurídica no es evidente. La justificación del Consistorio, basada en una supuesta necesidad de introducir mayores exigencias medioambientales, ha sido rechazada precisamente por la falta de un estudio ambiental riguroso, lo que ha terminado por deslegitimar su defensa ante los tribunales.
Desde el Grupo Municipal Socialista, promotor del recurso que desembocó en esta resolución judicial, han manifestado su satisfacción por el fallo definitivo. El concejal Antonio Giraldo ha calificado la ordenanza como “una chapuza”, criticando la reiteración de errores por parte del equipo de Gobierno del alcalde Almeida. En su opinión, el Ayuntamiento incurre sistemáticamente en una mala praxis normativa, lo que se traduce en anulaciones constantes por parte de los tribunales.
Giraldo ha lamentado que “una vez más pagarán los madrileños por su incompetencia legislativa”, aludiendo al gasto innecesario de recursos públicos en recursos judiciales que, como en este caso, ni siquiera son admitidos a trámite.
