Óscar López propone controlar las redes sociales bajo el pretexto de combatir la desinformación

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido este lunes la necesidad de regular las redes sociales, buscando que sus propietarios sean responsables del contenido publicado. Según el ministro, un tercio del tráfico en X (antes Twitter) está controlado por granjas de bots, utilizados para difundir ideologías ultras, machistas y negacionistas del cambio climático.

"En cualquier medio de comunicación, el propietario es responsable de lo que se publique. Eso tiene que pasar también en las redes sociales", ha afirmado en RNE, insinuando que los dueños de plataformas como X, Facebook o YouTube deberían ser censores de los contenidos que en ellas se comparten. Esta idea encaja con la línea del Gobierno de Pedro Sánchez, que en los últimos meses ha incrementado su discurso contra la libertad en Internet, coincidiendo con el creciente rechazo ciudadano expresado en estas plataformas.

¿Regular o censurar? Un debate con intereses ocultos

El ministro ha intentado justificar su postura asegurando que se trata de un debate global entre los que apuestan por la regulación y quienes defienden la libertad en la red. Sin embargo, su insistencia en actuar coincide con el creciente descontento en redes sociales hacia el Gobierno y con los recientes ataques que Sánchez ha recibido en estos espacios.

López ha recurrido a una comparación exagerada para defender su postura: "Imagínense que Palo Alto no estuviera en California, sino en Afganistán, y que la Inteligencia Artificial estuviera siendo alimentada por los talibanes. ¿Querrían ustedes regular, sí o no?". Con esta afirmación, el ministro intenta equiparar el uso libre de redes sociales con un supuesto peligro para la democracia, cuando en realidad lo que preocupa al Gobierno es la pérdida de control sobre la narrativa pública.

Aprovechando el discurso oficial sobre la protección de la privacidad y la seguridad digital, López ha criticado la supuesta desinformación en redes, obviando que los medios afines al Ejecutivo han sido los principales beneficiados de las subvenciones públicas para "combatir las fake news", mientras se demoniza a los ciudadanos que cuestionan el relato gubernamental.

Un plan de supervisión estatal de la Inteligencia Artificial

López ha defendido que el desarrollo de la Inteligencia Artificial debe ser compatible con los Derechos Humanos y la privacidad, pero sin aclarar cómo garantizará que el control estatal de la tecnología no derive en un mayor intervencionismo digital.

El Gobierno ha lanzado ALIA, un modelo de lenguaje de IA entrenado en español, catalán, gallego, valenciano y euskera, con el que busca competir con sistemas como ChatGPT bajo un marco regulado. Asimismo, ha anunciado la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que plantea serias dudas sobre su verdadera función, ya que podría derivar en un nuevo instrumento estatal de censura digital.

Lo que el ministro presenta como un esfuerzo para garantizar la seguridad en Internet parece cada vez más un intento de imponer un control gubernamental sobre la opinión pública.