El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez continuará su interlocución con el régimen venezolano, esta vez con Delcy Rodríguez, la heredera del poder tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Lejos de denunciar la naturaleza dictatorial del régimen chavista o respaldar con claridad a la oposición democrática, el Ejecutivo opta por una estrategia de “diálogo” con los responsables de haber sumido a Venezuela en la ruina económica, el exilio masivo y la represión política.
En lugar de celebrar el fin del mandato de Maduro, al que ni siquiera se ha atrevido a calificar como dictador, Albares ha preferido mantener una postura ambigua, centrada exclusivamente en criticar la actuación de Estados Unidos, a la que ha tachado de “acción claramente contraria al Derecho Internacional”. En ningún momento ha condenado con la misma contundencia los abusos del chavismo, su represión prolongada o las elecciones fraudulentas de 2024. La prioridad del Gobierno parece ser preservar relaciones diplomáticas con quienes han sido responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
En sus declaraciones, el ministro ha insistido en la necesidad de evitar una confrontación civil en Venezuela y de lograr “estabilidad”, sin aludir expresamente a la libertad o al restablecimiento del orden constitucional. Pese a admitir haber conversado con el candidato opositor Edmundo González, que habría vencido en las elecciones de julio según la propia oposición venezolana, el ministro ha eludido cualquier reconocimiento formal de su legitimidad, manteniéndose en una equidistancia que favorece de facto al aparato chavista.
Para el Gobierno, la operación estadounidense ha sido más preocupante que los años de autoritarismo chavista. Albares ha recalcado que “los cambios de gobierno por la fuerza solo traen caos”, obviando que el régimen de Maduro llegó al poder tras años de fraudes electorales, represión violenta y el colapso de las instituciones democráticas. La visión del Gobierno de Sánchez es que toda intervención exterior es ilegítima, incluso cuando busca apoyar a una población oprimida. Se renuncia así a cualquier liderazgo en defensa de la libertad en Iberoamérica.
Con más de 200.000 españoles residiendo en Venezuela, y con intereses empresariales en juego, el Gobierno parece haber optado por una política pragmática que deja a un lado los principios. La llamada a seguir hablando con Delcy Rodríguez —conocida por su trayectoria al servicio del chavismo— supone, en la práctica, una validación política de su autoridad. Nada se ha dicho sobre su papel en la represión, en la censura o en la ruina institucional del país. Mientras tanto, el apoyo a la oposición queda reducido a una fórmula diplomática sin fuerza ni compromiso.
Albares ha admitido su decepción por la falta de contundencia del comunicado europeo, aunque ha presumido de que los pasajes que aluden al Derecho Internacional llevan un “acento muy español”. La realidad es que el papel de España en Europa no ha sido liderar la condena al chavismo ni respaldar a los opositores perseguidos, sino bloquear cualquier iniciativa que implique medidas firmes. Lejos de abanderar la libertad, España ha contribuido a consolidar una política exterior de silencios y equilibrios que favorece a los opresores.
Finalmente, Albares ha centrado su mensaje en rechazar lo que denomina “la ley de la selva” y “el uso de la fuerza en las relaciones internacionales”. Sin embargo, ni una sola mención ha hecho a los millones de exiliados venezolanos, al hambre, a los presos políticos o a la falta de libertades. Para el Gobierno de Sánchez, la prioridad no parece ser la democracia en Venezuela, sino sostener su relato de equidistancia y mantener intactas sus alianzas ideológicas, incluso a costa de dar la espalda a un pueblo que ha sufrido bajo una dictadura durante más de dos décadas.