Feijóo acusa a Sánchez de querer prolongar el mandato de Conde-Pumpido para seguir controlando el TC

El líder del PP condiciona la renovación del Constitucional a la exclusión de políticos recientes y acusa al Gobierno de usar al fiscal general como escudo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta a negociar con el PSOE la renovación parcial del Tribunal Constitucional, cuyo mandato de cuatro magistrados concluye en diciembre. No obstante, ha advertido de que solo lo hará si se cumplen requisitos que garanticen la independencia de los candidatos, como que no hayan ejercido actividad política en los últimos cinco años.

Feijóo ha acusado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "seguir controlando" el Constitucional y de tener como objetivo principal prolongar el mandato de su actual presidente, Cándido Conde-Pumpido. Según ha denunciado, el Ejecutivo necesita mantenerlo como "escudo" frente a las causas judiciales abiertas que afectan al Gobierno, al PSOE y a familiares del propio Sánchez.

El dirigente popular ha recordado que el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, ha actuado en casos relevantes como el de los ERE de Andalucía, dejando sin efecto sentencias del Supremo, lo que ha provocado, según ha afirmado, que por primera vez en la historia jueces españoles hayan recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra resoluciones del Constitucional.

Renovación condicionada a la exclusión de perfiles políticos

Feijóo ha lamentado que, hasta la fecha, el PSOE haya vetado los nombramientos que le correspondían al PP. Sobre la renovación pendiente de los magistrados María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez, José María Macías y el propio Conde-Pumpido, ha subrayado que el Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta— no puede realizar los nombramientos en solitario, al requerirse una mayoría de tres quintos.

En este sentido, ha reiterado que su partido solo pactará si se respeta una serie de condiciones como la exclusión de perfiles con vinculación política reciente y mayorías reforzadas para realizar los nombramientos. Ha puesto como ejemplo el acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que permitió realizar más de 130 nombramientos en toda España.

"Yo estoy dispuesto a que los órganos jurisdiccionales y constitucionales funcionen", ha señalado, destacando que el pacto en el CGPJ fue posible porque el PP planteó "cosas sensatas" que garantizaban la independencia judicial.

Críticas al fiscal general y advertencias sobre la Fiscalía

Sobre el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, Feijóo ha manifestado que “aquel que persigue delitos no puede estar acusado de haberlos cometido”. Ha considerado inadmisible que continúe en su puesto pese a estar imputado, cuando otros fiscales serían suspendidos automáticamente en esa situación.

Según el líder de la oposición, el Gobierno se niega a aceptar su dimisión porque necesita utilizarlo como instrumento político para “desacreditar la independencia judicial” y “cuestionar los sumarios que afectan” al Ejecutivo. “Estoy convencido de que preferiría irse, pero el Gobierno no le deja”, ha declarado.

Feijóo ha afirmado que, si llega a la presidencia del Gobierno, establecerá limitaciones legales para acceder al cargo de fiscal general, como la ausencia de relaciones políticas en los cinco años anteriores y la exigencia del visto bueno del CGPJ. Se ha comprometido además a “no nombrar a ningún político” en este cargo clave.

Rechazo a la politización del Constitucional y advertencia del GRECO

El líder del PP ha criticado la composición actual del Constitucional, al considerar que está “politizado” con la presencia de perfiles como el propio Conde-Pumpido, el exministro Juan Carlos Campo o la asesora de Moncloa Laura Díez. Ha asegurado que esta situación no se repetirá si gobierna su partido, ya que se aplicarán criterios estrictos de independencia y formación.

Finalmente, Feijóo se ha referido al último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que ha calificado como “un varapalo sin precedentes al Gobierno”. A su juicio, el informe constata que España no ha resuelto ninguno de los asuntos pendientes en esta materia, situando al país entre los de mayor índice de corrupción en Europa.

“Se pretende mantener al fiscal general para cuestionar la investigación judicial en lugar de reforzarla”, ha concluido, asegurando que en España se están “destruyendo los principios básicos de las democracias fundamentales”.