El PSOE propone eliminar el delito de ofensas religiosas y restringir la acusación popular

El PSOE ha presentado una Proposición de Ley Orgánica que incluye la eliminación del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, establecido en el artículo 525 del Código Penal. Esta medida, según el portavoz socialista, Patxi López, busca impedir que organizaciones que califica de "ultras y fundamentalistas" utilicen este delito para perseguir judicialmente a artistas, activistas y periodistas.

Un golpe a la protección de los sentimientos religiosos

La supresión de este delito plantea interrogantes sobre la capacidad de las personas creyentes para defender sus derechos ante acciones que puedan atentar contra sus convicciones. Aunque López asegura que el delito se utiliza "de forma abusiva", su eliminación deja a los ciudadanos sin una herramienta específica para actuar ante ofensas que vulneren sus sentimientos religiosos.

López ha señalado que los casos de condena por este delito son mínimos, pero ha destacado que su uso "permanente" por organizaciones religiosas genera procesos judiciales que, según él, son costosos y carentes de fundamento. Sin embargo, la medida podría interpretarse como una forma de debilitar la defensa jurídica de los creyentes frente a ataques contra su fe.

El portavoz ha matizado que otras figuras delictivas, como el delito de odio o el impedimento de libertad religiosa (artículo 522 del Código Penal), seguirán cubriendo los casos más graves. Sin embargo, estas alternativas no ofrecen la protección específica que brinda el artículo 525.

Restricciones a la acusación popular y su impacto en la defensa de derechos

La propuesta también limita la participación de la acusación popular, que quedaría circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. Además, los partidos políticos, asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos quedarán excluidos de ejercerla.

La acusación popular ha sido una herramienta clave en numerosos casos que han permitido a colectivos ciudadanos defender derechos fundamentales, incluidos los relacionados con la libertad religiosa. Al restringir su alcance, la nueva normativa podría dificultar que estas acciones prosperen en los tribunales.

El PSOE argumenta que estas medidas buscan proteger a artistas, periodistas y activistas de lo que consideran "acciones judiciales abusivas" promovidas por sectores religiosos o políticos. Sin embargo, desde sectores críticos, se percibe esta propuesta como un ataque a la libertad religiosa y al derecho de los creyentes a recurrir a la justicia para defender sus convicciones.

La eliminación del delito de ofensas religiosas y las restricciones a la acusación popular generan inquietud en aquellos que ven en estas medidas un riesgo de desprotección ante ataques a su fe y valores.