El Gobierno de España prohibirá vender bebidas energéticas a menores de 16 años

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que el Gobierno pondrá en marcha una normativa para prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años.

En declaraciones a la prensa en Barcelona, ha asegurado que es una evidencia científica que las bebidas energéticas se han convertido en una "amenaza" para la salud de los jóvenes.

El Ministerio plantea, además, extender la prohibición a los menores de 18 años en el caso de las bebidas con más de 32mg de cafeína por cada 100ml.

"El Ministerio de Consumo lo que anuncia hoy es la firme voluntad de sacar esta regulación adelante. Lo haremos con el instrumento jurídico más eficaz, y que pueda ver la luz en el menor plazo posible", ha detallado Bustinduy, que ha asegura también que existe un amplio consenso social sobre la cuestión.

En este sentido, buscará garantizar "que se proteja y se anteponga la protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes sobre los intereses económicos de una industria muy poderosa, pero que no debe primar sobre la protección del bienestar y la salud de los niños".

La regulación se sumará a la prohibición de la venta de bebidas energéticas en los centros escolares de toda España, y va en línea con las medidas adoptadas por países como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría y Lituania, así como con las iniciativas de comunidades como Galicia y Asturias.

Según el último barómetro publicado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) la semana pasada, 9 de cada 10 personas en España están de acuerdo con la prohibición, una opinión también mayoritaria entre los encuestados de entre 18 y 35 años (88,3%).

La encuesta recoge también que el 25% de los encuestados consume bebidas energéticas --de media, 2 veces por semana--, que casi la mitad (49%) de quienes las toman lo hacen al menos una vez al día, y que el 47% las mezclan regularmente con alcohol.

El ministro se ha referido también al informe de evaluación que ha hecho público el Ministerio sobre el control de precios en situaciones de emergencia, como se hizo en Grazalema (Cádiz) y otras 13 localidades afectadas por las inundaciones de las últimas semanas.

El objetivo de Gobierno era "impedir que en situaciones de emergencia hubiera operadores económicos que pudieran lucrarse a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía".

"Nuestra evaluación es muy positiva, no se han producido esas subidas y, sobre todo, lo importante es que las plataformas no han podido generar esas subidas abusivas de precios que hemos visto en otras situaciones", ha proseguido Bustinduy.

El ministro espera que la medida pueda verse ratificada por unanimidad en el Congreso este jueves: "En el caso de que alguien votara en contra de esta medida, lo que estaría haciendo es responsabilizándose directamente".