El Gobierno presentará este martes una nueva normativa que restringe la financiación pública a determinados medios de comunicación con menor viabilidad económica, tras haber reconsiderado su planteamiento inicial. La medida fija un límite del 35% de la cifra de negocios neta anual para la publicidad institucional en aquellos medios cuya facturación no supere los dos millones de euros y cuya audiencia se concentre en un máximo de tres comunidades autónomas.
Según el Ejecutivo, la regulación no afectará a los medios de mayor dimensión, pero sí podría impactar en pequeños digitales y cabeceras locales que dependen en buena medida de la publicidad institucional. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha venido refiriéndose a algunos de estos medios como “pseudomedios”, en el marco de su discurso sobre la calidad democrática y la lucha contra la desinformación.
El Gobierno sostiene que la norma busca reforzar la transparencia en la asignación de recursos públicos y adaptarse a las exigencias europeas en materia de medición de audiencias y reparto de publicidad institucional. Entre los objetivos declarados figura evitar distorsiones en el mercado y garantizar criterios objetivos en la distribución de fondos públicos.
No obstante, la iniciativa llega en un momento políticamente delicado. El Ejecutivo afronta una legislatura marcada por la fragmentación parlamentaria y necesita apoyos para sacar adelante su agenda normativa antes del próximo ciclo electoral.
Partido Popular y VOX han anunciado su rechazo frontal a la medida, que consideran un intento de presión sobre medios críticos y un mecanismo de censura indirecta. Desde la oposición se advierte de que limitar el acceso a la publicidad institucional puede poner en riesgo la pluralidad informativa, especialmente en el ámbito local y regional.