La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de una "dejación grave de funciones" durante los altercados registrados entre el 11 y el 14 de julio en el municipio murciano de Torre Pacheco.
Según ha informado la propia entidad en un comunicado, se aprecian "indicios de prevaricación por omisión y abandono de destino" en la actuación del ministro como máximo responsable del instituto armado.
La denuncia se fundamenta en lo que Jucil considera una "planificación deficiente" en el despliegue de medios de la Guardia Civil para hacer frente a los disturbios. La asociación asegura que sólo se movilizaron efectivos de las Unidades de Seguridad Ciudadana de las comandancias de Murcia y Cartagena, mientras que no se desplegó a tiempo al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), especializado en este tipo de intervenciones. Según la asociación, estos grupos se encontraban "en condiciones de actuar prácticamente al instante", pero no fueron activados por "decisión puramente política".
"Los miembros de las USECIC carecen de los medios adecuados para intervenir en situaciones de altercados graves, y la falta de una respuesta rápida y contundente permitió que los disturbios se intensificaran", ha señalado la entidad, que también cuestiona que el ministro se encontrara en ese momento fuera del país, asistiendo al torneo de tenis de Wimbledon. A juicio de Jucil, ese hecho agrava la posible responsabilidad del titular de Interior, al alejarse de sus obligaciones en un momento de crisis operativa.
La asociación ha solicitado al Supremo que ordene la práctica de diligencias que permitan esclarecer la cadena de decisiones tomadas durante esos días, incluyendo la identificación de mandos, responsables políticos y agentes implicados en el operativo. También ha exigido que se aclare si el GRS se encontraba preparado para intervenir y por qué no se le dio la orden de actuar.
El caso pone nuevamente en entredicho la gestión de Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, en un contexto creciente de malestar entre los cuerpos policiales por la falta de medios, la inseguridad jurídica y la politización de las decisiones operativas.