La Audiencia absuelve a la alcaldesa de Velilla en el caso de las denuncias por ruido de El Casón

La Audiencia Provincial descarta que los responsables municipales actuaran con intención de favorecer al restaurante denunciado.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar Jiménez, y a otros tres responsables municipales acusados de prevaricación urbanística y ambiental. Los cargos se relacionaban con la tramitación de denuncias por ruido procedentes del restaurante y espacio para eventos El Casón de la Quinta de San Antonio.

El tribunal ha desestimado todas las acusaciones presentadas por la Fiscalía de Madrid y la acusación particular, decretando la libre absolución de los encausados sin que prospere ninguna de las solicitudes de condena.

Tras conocer el fallo, la alcaldesa emitió un comunicado en el que señaló que "durante todos estos meses, han querido respetar el proceso judicial y sus tiempos, siempre desde la máxima prudencia confiando en todo momento en el trabajo de la justicia y en el desarrollo de las actuaciones judiciales".

Durante el procedimiento, tanto la Fiscalía como la acusación particular sostuvieron que los responsables municipales habían actuado de forma arbitraria al gestionar varios expedientes sancionadores vinculados a las quejas vecinales. Las denuncias se referían a bodas, actuaciones musicales y actividades al aire libre que, conforme a los afectados, se prolongaban hasta la madrugada generando molestias acústicas.

La prueba practicada en la vista oral confirmó que los vecinos presentaron numerosas denuncias entre 2019 y 2025. La Policía Local elaboró distintas actas documentando la presencia de música a gran volumen, actuaciones en directo y eventos que excedían el horario permitido en la zona.

Según consta en la sentencia, el Ayuntamiento puso en marcha diversos expedientes sancionadores y actuaciones de control administrativo como respuesta a esas denuncias. Varios de esos procedimientos fueron incoados mediante decretos suscritos por la propia alcaldesa, y entre 2022 y 2023 se iniciaron actuaciones por incumplimientos horarios e infracciones relacionadas con la contaminación acústica.

Los magistrados también analizaron la falta de medios personales en el área de Urbanismo. Conforme a la documentación examinada, este departamento tramitó más de 2.900 expedientes administrativos entre 2018 y 2025 con una plantilla reducida, circunstancia que técnicos y responsables municipales subrayaron durante el juicio como factor determinante en la gestión de los procedimientos.

La Audiencia concluye que no existe prueba de que la alcaldesa ni los demás acusados dictaran resoluciones injustas de forma consciente ni que existiera una intención deliberada de beneficiar a la empresa explotadora del establecimiento. El tribunal desestima así la tesis de la acusación sobre la existencia de voluntad prevaricadora.

Aunque descarta responsabilidades penales, la sentencia reconoce la existencia de molestias para los vecinos derivadas de la actividad desarrollada en El Casón y deja constancia de la tramitación de distintos expedientes administrativos relacionados con el control de horarios y de las emisiones acústicas del local.