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El juicio a la alcaldesa de Velilla por El Casón queda visto para sentencia
Antonia Alcázar niega presiones a funcionarios y sostiene que las quejas vecinales debían tramitarse por los servicios municipales competentes.
La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, ha defendido este jueves ante el tribunal que mantenía "fe ciega" en los funcionarios y técnicos municipales durante el juicio por un presunto delito de prevaricación urbanística y ambiental. La acusación se vincula a la falta de sanciones al restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio, pese a las quejas vecinales reiteradas por ruidos, horarios y molestias derivadas de la actividad en la finca.
El tribunal ha cerrado la fase de prueba tras la presentación de los informes finales de todas las partes. En el banquillo se sientan la alcaldesa y otros tres cargos municipales del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, acusados por la gestión de las denuncias que vecinos de viviendas colindantes al establecimiento presentaron durante años.
La Fiscalía mantiene su petición de tres años de prisión y doce años de inhabilitación para empleo o cargo público en funciones urbanísticas y ambientales. Según la acusación, la administración municipal no actuó frente a las reclamaciones vecinales, no realizó las inspecciones necesarias ni impulsó los expedientes sancionadores que correspondían. "Nadie hizo nada para dar una solución a los vecinos ni se hicieron inspecciones ni se impulsaron expedientes sancionadores. Existe por tanto una omisión de sus funciones y competencias", ha afirmado la fiscal, quien ha recordado que el control de las posibles vulneraciones de la normativa medioambiental es exigible a los responsables públicos.
Las defensas de los acusados han reclamado la absolución al considerar que los delitos no han quedado probados. La alcaldesa ha insistido en que no podía interferir en competencias técnicas ni obligar a los funcionarios a actuar en una dirección determinada.
La posición de la alcaldesa ante el tribunal
Durante su interrogatorio, Alcázar ha explicado que tuvo conocimiento directo de las quejas vecinales en el pleno municipal de septiembre de 2023, cuando los propios afectados acudieron a exponer su situación. La regidora ha señalado que los asuntos que llegan al Ayuntamiento son tramitados por los departamentos competentes y que no toda la información alcanza directamente a la Alcaldía.
Alcázar ha defendido que los responsables políticos confían en el trabajo de los empleados públicos. Según su versión, las cuestiones relativas a licencias, inspecciones, mediciones acústicas y expedientes sancionadores correspondían exclusivamente a los técnicos municipales, y ella tiene “fe ciega en la administración”. La alcaldesa ha sostenido que no podía presionar a los funcionarios ni intervenir en ámbitos especializados de medio ambiente o urbanismo. También ha indicado que la Policía Local no le informaba de forma directa sobre su actividad diaria.
A juicio de Alcázar, el conflicto constituía principalmente “un problema de convivencia entre la finca y los vecinos”. Por ese motivo, ha explicado que se intentó organizar una reunión entre ambas partes y el Ayuntamiento para buscar una solución, aunque los vecinos no aceptaron participar, según ha afirmado.
La Fiscalía le ha preguntado si consideraba un mero problema de convivencia la posible ausencia de licencia o el incumplimiento de sus condiciones. Alcázar ha respondido que esas cuestiones correspondían exclusivamente a los técnicos municipales y ha reiterado que ella no es especialista en materias urbanísticas ni medioambientales.
Preguntada por el ejercicio de la potestad sancionadora, la alcaldesa ha señalado que su intención era resolver el conflicto, pero que necesitaba contar previamente con los informes técnicos correspondientes. Ante la cuestión planteada por el abogado de los vecinos sobre por qué no hubo sanción si existían expedientes sancionadores abiertos, Alcázar ha respondido que eso debía preguntarse a los técnicos municipales. “Yo no les puedo obligar”, ha afirmado. La regidora ha añadido que el Ayuntamiento no disponía de sonómetro y que era necesario formar tanto a la plantilla municipal como a los técnicos para realizar mediciones acústicas adecuadas.
El testimonio de los vecinos afectados
Durante la vista también han declarado los vecinos que denunciaron los supuestos excesos de ruido y horarios permitidos en la finca. Uno de ellos ha relatado una situación de "desprotección total" sufrida, según ha afirmado, por los residentes de cuatro viviendas colindantes durante cerca de dos décadas.
El testigo ha asegurado que llegó a plantearse abandonar su vivienda porque “no se podía estar” debido al ruido constante. También ha afirmado que incluso durante el confinamiento se celebraban bodas en el establecimiento y ha calificado el perjuicio sufrido durante casi veinte años como más que razonable. El vecino ha señalado que no entendía por qué no se adoptaban medidas contra El Casón de la Quinta de San Antonio cuando otros establecimientos sí habían sido clausurados por situaciones similares.
Según ha explicado, trasladó personalmente a la alcaldesa más de cien denuncias acumuladas, pero la respuesta municipal fue que “estas cosas van despacio”, sin que llegaran soluciones efectivas. El denunciante ha sostenido que durante diecisiete años se sucedieron las quejas sin resultados y ha criticado que, ya en enero de 2025, la única propuesta planteada en una reunión con técnicos municipales fuera la instalación de pantallas acústicas. A su juicio, esa medida resultaba insuficiente e "insultante" tras tantos años de conflicto.
Otra vecina ha declarado que la situación era "una pesadilla" y que acudió al Ayuntamiento para solicitar información sobre la licencia del establecimiento. Según ha relatado, se sorprendió al comprobar que la licencia era únicamente para restaurante, sin contemplar las actividades que se desarrollaban en la finca.
