La alcaldesa de Velilla, hermana de la secretaria de Zapatero, a juicio por prevaricación

La Fiscalía pide tres años de cárcel para Antonia Alcázar y otros tres ediles por no actuar contra las molestias de un restaurante denunciadas por vecinos.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este miércoles a la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, y otros tres responsables municipales acusados de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental. La acusación se centra en la supuesta inacción durante años frente a las molestias denunciadas por vecinos derivadas de la actividad del restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio.

El Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados una condena de tres años de prisión, una multa de veinte meses con cuota diaria de 15 euros e inhabilitación especial por doce años para empleo o cargo público en funciones urbanísticas y ambientales. Además, reclama una indemnización conjunta y solidaria de 4.000 euros a favor de tres vecinos perjudicados.

Los hechos denunciados se remontan al menos a 2019 e implican a la alcaldesa de Velilla de San Antonio; al técnico de Urbanismo F. R. F.; al concejal E. I. A. S., responsable de Medio Ambiente; y al edil J. P. R., titular del área de Urbanismo. Según la acusación, estos responsables municipales “omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos”, a pesar de las reiteradas denuncias relacionadas con el funcionamiento del establecimiento hostelero ubicado en la calle María Zambrano número 9.

El local disponía de licencia para actividad de restaurante otorgada en 2006, pero carecía de autorización para desarrollar eventos en las zonas exteriores, según la Fiscalía. En esos espacios se habrían celebrado bodas, comuniones, bautizos y fiestas con música de alta potencia, uso de pirotecnia y concentración de personas hasta altas horas de la madrugada.

El escrito de acusación detalla que el establecimiento incumplió de manera reiterada los horarios de cierre previstos en la normativa autonómica. Algunos eventos, según la Fiscalía, se prolongaban hasta las cinco o seis de la mañana, especialmente durante los meses de primavera y verano, generando molestias continuas a la vecindad.

Entre 2019 y 2025 constan numerosas denuncias vecinales y varias intervenciones de la Policía Local. Sin embargo, la acusación sostiene que únicamente se incoaron cuatro expedientes sancionadores municipales, todos ellos paralizados sin resolución definitiva. Esta aparente falta de seguimiento es central en la acusación de prevaricación.

La Fiscalía considera que los acusados no ejercieron sus competencias de inspección y disciplina urbanística ni adoptaron medidas cautelares o de restablecimiento de la legalidad. Esa supuesta inacción habría constituido un incumplimiento de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y de las obligaciones municipales en materia ambiental, según el Ministerio Público.

Los tres vecinos personados en el procedimiento reclaman indemnizaciones por los perjuicios sufridos durante esos años, derivados principalmente del ruido, la actividad nocturna y las molestias asociadas a los eventos celebrados en el restaurante. Sus demandas civiles se sustancian junto a la acusación penal.

Antonia Alcázar es hermana de Gertrudis Alcázar, secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero durante su etapa en La Moncloa y militante del PSOE de Madrid. El nombre de Gertrudis Alcázar ha cobrado relevancia en las últimas semanas tras situarla la Audiencia Nacional como una supuesta pieza operativa relevante en la investigación del caso Plus Ultra, relacionado con el rescate público de la aerolínea y una presunta trama de tráfico de influencias investigada por el juez José Luis Calama.