El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo autonómico “ha hecho todo lo posible y lo sigue haciendo” para atender a los afectados por los problemas generados en la Línea 7B de Metro de Madrid a su paso por San Fernando de Henares.
Rodrigo realizó estas declaraciones durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde criticó que los grupos de la izquierda utilicen políticamente la situación de los vecinos afectados. Según afirmó, se intenta “retorcer el dolor de las familias” e impedir que puedan “seguir adelante con sus vidas”.
Durante su intervención, el consejero destacó la inversión que la Comunidad de Madrid destina al mantenimiento y conservación de la red de Metro, que definió como “la más fiable y una de las mejores de Europa”.
En este sentido, explicó que el Gobierno regional dedica 520 millones de euros, el 52% del presupuesto, a tareas de mantenimiento, renovación de vías, conservación de trenes, mejora de instalaciones y actualización tecnológica.
Rodrigo también señaló que cada año se llevan a cabo más de 12.000 actuaciones preventivas y alrededor de 46.000 intervenciones programadas durante la noche con el objetivo de no afectar al servicio que utilizan los viajeros.
El consejero aprovechó su intervención para criticar al Gobierno central a raíz de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitido al juez que investiga el denominado ‘caso Koldo’, en el que se detallan presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos de Adif y Carreteras.
Según Rodrigo, la falta de inversión en infraestructuras de transporte por parte del Ejecutivo central estaría relacionada con estas prácticas, lo que, a su juicio, explicaría algunos problemas en la red de carreteras. También reclamó mayor transparencia sobre el accidente ocurrido en Adamuz.
Por su parte, la diputada de Más Madrid María Acín volvió a denunciar la situación que viven los vecinos de San Fernando de Henares afectados por la ampliación de la Línea 7B.
Durante su intervención, afirmó que en la zona persiste un “estado constante de alarma social e inseguridad” y criticó que el Gobierno regional trate el problema desde una perspectiva administrativa, como si se tratara de expedientes y no de familias.
Acín citó además un estudio del Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura (Sira), según el cual el 96% de los afectados considera que la respuesta de la Comunidad de Madrid ha provocado un mayor sufrimiento emocional entre los damnificados.