La Justicia avala al Ayuntamiento de Pinto en el caso de la Wicca Celtíbera

La Audiencia de Madrid confirma el archivo de la querella contra el alcalde y cuatro concejales por denegar la Plaza de la Constitución para un acto religioso.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la querella interpuesta contra el alcalde de Pinto, Salomón Aguado, y cuatro concejales municipales tras desestimar el recurso presentado por la confesión religiosa Wicca Celtíbera.

El conflicto surgió cuando el Ayuntamiento rechazó autorizar el uso de la Plaza de la Constitución para celebrar actos de esta confesión el 31 de octubre del año anterior. Los querellantes argumentaban que la negativa vulneraba derechos fundamentales vinculados a la libertad religiosa y presentaron una denuncia contra los responsables municipales.

El juzgado de Parla ya había descartado la acusación al considerar que se trataba de una decisión organizativa y administrativa sobre la utilización de espacios públicos, sin que mediaran manifestaciones ofensivas, actos de escarnio o conductas dirigidas contra los sentimientos religiosos de los miembros de la confesión.

En un auto fechado el 9 de junio, contra el que no cabe recurso, la Audiencia Provincial respalda completamente ese criterio. Los magistrados consideran que los argumentos de la confesión religiosa "carecen de virtualidad suficiente" para revocar la resolución impugnada.

La Sección 15 de la Audiencia descarta que los hechos denunciados encajen en ninguno de los delitos invocados por los querellantes. Según el tribunal, la actuación de los responsables municipales no constituye actos ofensivos contra los sentimientos religiosos ni incitación al odio, sino una decisión administrativa sobre autorizaciones y organización de actividades municipales.

Los magistrados subrayan que la denegación de los permisos solicitados por el nuevo equipo de Gobierno no limita la libertad de los miembros de esta confesión para profesar o desarrollar sus creencias religiosas de forma privada o en otros espacios.

"No existe indicio alguno sobre que esa denegación obedezca a motivos de discriminación religiosa o por motivos de odio hacia la misma", concluye el auto judicial.