OHL evita de momento indemnizar a la Comunidad por el tren fallido a Navalcarnero
Cemonasa, la filial de OHL que se encargaba del proyecto inacabado del tren de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, no tendrá que pagar la indemnización de 356 millones de euros que reclamaba la Comunidad de Madrid tras resolver el contrato con la concesionaria por "incumplimiento culpable".
El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el Gobierno regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ya había dictaminado en julio de 2019 que no correspondía dicha indemnización que reclamaba la Comunidad en una orden.
Según ha adelantado 'El Economista' y han confirmado Efe de fuentes de la Consejería de Transportes, el Supremo ha dictaminado que la causa de la resolución del contrato fue la apertura de la fase de liquidación del concurso mercantil de Cemonasa y no por causa culpable imputable a la misma.
"En todo caso, conviene recordar que el TSJM no se pronunció sobre los incumplimientos de la empresa concesionaria sino que declaró que el contrato se había resuelto anteriormente con la entrada en liquidación y fase de disolución de la empresa, que solicitó concurso de acreedores", añaden fuentes de la Consejería.
Desde el Gobierno regional avanzan que "van a seguir tomando las decisiones que considere necesarias en defensa de los intereses y del patrimonio de todos los madrileños", ya que, en el caso del proyecto del tren a Navalcarnero, los tribunales "todavía tienen que decidir sobre la reclamación por daños y perjuicios planteada contra la empresa concesionaria por 355,9 millones de euros".
"También deben decidir sobre la imposición de penalidades por incumplimiento de la obligación de ejecutar la totalidad de las obras en el plazo previsto, por 34,08 millones; y sobre la incautación de avales al no haber abonado las penalidades, por 15,8 millones de euros", añaden fuentes de la Consejería.
Además, la empresa concesionaria también mantiene vivo otro procedimiento en el que reclama al Ejecutivo regional 300 millones de euros por la inversión efectuada en el proyecto, que no llegó a su fin tras la llegada de la crisis de 2008.
Las obras de prolongación de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL en el año 2009, bajo un presupuesto de 369 millones de euros, pero, tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010.
En junio de 2015 y tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.
Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminó en septiembre de 2017.
Tras ver que las obras no se reanudaban, el Gobierno regional emitió en octubre de 2018 una orden de reclamación de 356 millones de euros a la concesionaria por los "daños y perjuicios" que causó su paralización, la cual fue desestimada por el TSJ de Madrid en julio de 2019 y ahora también por el Supremo.
