La Fiscalía pide un año de prisión para el exalcalde socialista de Galapagar por acoso laboral a la secretaria municipal

El exalcalde de Galapagar y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Alberto Gómez, se sentará en el banquillo acusado de acoso laboral. La Fiscalía de Madrid solicita para él una pena de un año de prisión por presuntas presiones y trato vejatorio a la que fuera secretaria municipal, que había solicitado continuar en su puesto tras los 65 años conforme permite la legislación. El juicio se celebrará el próximo 9 de marzo en los juzgados de lo penal de la capital.

Los hechos, según recoge el escrito de acusación, se produjeron entre los años 2019 y 2021. La funcionaria afectada, perteneciente a la subescala de Secretaría de clase primera, había obtenido la prórroga de permanencia en el servicio activo por decreto de Alcaldía. Sin embargo, tras el relevo en el gobierno local, se habría convertido en el blanco de una campaña de presión orquestada, según el fiscal, por varios miembros del nuevo equipo municipal con el fin de forzar su salida.

Junto a Alberto Gómez, serán juzgados otros tres excargos municipales: el ex primer teniente de alcalde, la ex segunda teniente de alcalde y concejala de Recursos Humanos, y el exgerente de Servicios Generales. Todos ellos habrían participado, de acuerdo con la acusación, en una serie de “injerencias, desconsideraciones personales y profesionales” dirigidas a la secretaria, entre ellas la exigencia de presencialidad incluso en plena pandemia de la Covid-19.

En una reunión celebrada el 11 de marzo de 2021, los acusados habrían exigido directamente a la funcionaria que abandonase su puesto, alegando su edad. Ante la negativa, comenzaron supuestamente los comentarios degradantes, el cuestionamiento de su capacidad profesional y el menosprecio al contenido de sus informes técnicos. La situación desembocó en la revocación de la prórroga el 9 de abril del mismo año, lo que obligó a la empleada pública a acogerse a la jubilación forzosa.

El fiscal sostiene que este conjunto de actuaciones desencadenó en la afectada una crisis de ansiedad que requirió atención urgente. Fue diagnosticada posteriormente de un trastorno adaptativo con ansiedad, cuyo origen se atribuye directamente a la situación de acoso laboral sufrida en el entorno laboral del Ayuntamiento.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público reclama para los acusados la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas judiciales. En concepto de responsabilidad civil, solicita que indemnicen de forma conjunta a la denunciante con 2.000 euros por los daños morales ocasionados.