

La Sala considera incorrecta la tasación del suelo y rechaza que se carguen a los vecinos compensaciones para otros dueños, mientras el Ayuntamiento estudia recurrir al Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula la reparcelación de la urbanización Montencinar, aprobada por el Ayuntamiento de El Escorial en septiembre de 2019.
La Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo ha dado la razón a la asociación de propietarios de la zona, que había recurrido, y ha revocado la sentencia del juzgado de primera instancia que respaldaba el plan del consistorio.
El alto tribunal madrileño fundamenta la nulidad en dos motivos, ambos relacionados con el cálculo económico y el reparto de los costes entre los vecinos.
La Sala considera "incorrecto" el método empleado para tasar el suelo. El Ayuntamiento valoró los terrenos como si no estuvieran edificados, pese a que la mayor parte de las parcelas cuentan con viviendas consolidadas, habitadas desde hace años y con licencia municipal.
La ley de suelo exige aplicar una fórmula diferente para calcular el valor de los terrenos ya construidos, de manera que el sistema utilizado distorsionó el reparto del coste de las obras entre los propietarios.
El fallo también invalida las indemnizaciones "indebidas" cargadas a los vecinos. En concreto, anula que se incluyeran en el reparto compensaciones económicas para algunos propietarios que perdieron edificabilidad a raíz de una modificación urbanística aprobada en 2010.
La Sala subraya que un instrumento de este tipo no puede reconocer indemnizaciones que no se reclamaron en su momento ni trasladar esos pagos al resto de vecinos del sector.
La sentencia mantiene, en cambio, la vigencia del PERI 3, el plan general que regula el sector.
El TSJM ha desestimado los argumentos de los propietarios sobre la presunta inviabilidad económica de la urbanización y sobre las discrepancias entre los datos del Catastro y los del Registro de la Propiedad, al entender que otras sentencias ya se habían pronunciado sobre esas cuestiones.
Tras conocer la resolución, el equipo de Gobierno de El Escorial ha anunciado que estudia presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al considerar que el plan cuenta con argumentos jurídicos de interés para su defensa.
El consistorio recuerda que tenía a su favor ocho resoluciones judiciales previas —dos en apelación y seis en primera instancia— y advierte de que la anulación paraliza de nuevo la licitación en marcha para contratar la redacción de las obras. Atribuye además a la continuada litigiosidad el retraso en la llegada de servicios básicos al sector.
Los grupos municipales de la oposición han coincidido en reclamar al consistorio que abandone la vía de los tribunales.
Agrupación Escorial Norte (AEN) cifra en 23,5 millones de euros los sobrecostes acumulados por los vecinos a causa de unas valoraciones "infladas y partidas irregulares arrastradas desde 2016". La formación ha solicitado también un pleno urgente para reprobar al alcalde y a su equipo.
El PSOE municipal ha exigido al Ejecutivo local que no recurra, para no alargar el proceso otros dos o tres años, y ha reclamado una mesa de diálogo con los residentes para elaborar un proyecto ajustado a la realidad del terreno.
En la misma línea, Hacer El Escorial ha señalado que la anulación del reparto no afecta al PERI 3, aunque abre dudas sobre los plazos y los costes reales. Por ello, ha pedido explicaciones claras y que se eviten falsas promesas.
Más Madrid y Unidas El Escorial califican la sentencia de revés para la gestión urbanística del Partido Popular y piden dejar a un lado la confrontación judicial para buscar "una salida viable y definitiva tras más de dos décadas de bloqueo".
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