Vox lleva la tasa de basuras al TSJM y el Gobierno local asegura que la impugnación solo afecta a las reducciones fiscales

VOX ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en contra de las bonificaciones aplicadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en la tasa de basuras, una medida que, según fuentes municipales, fue aprobada en septiembre con el objetivo de aliviar la carga fiscal de los vecinos.

El grupo municipal de la formación ha enmarcado esta acción dentro de su estrategia de rechazo a lo que califica como políticas de "fanatismo climático", atribuyendo la imposición de esta tasa a una agenda ideológica compartida entre el Partido Popular y el Partido Socialista.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, junto a su homóloga en el Consistorio de Pozuelo, Ainhoa García-Flórez, ha defendido esta iniciativa judicial como una muestra de su voluntad de combatir lo que consideran un nuevo impuesto encubierto. En declaraciones a los medios, Pérez Moñino ha arremetido contra el aumento del gasto público en los presupuestos municipales y ha acusado tanto al PP como al PSOE de abandonar a las familias y a los autónomos, pese a estar "orgullosos" del crecimiento del gasto superfluo.

Vox sostiene que esta tasa funciona como un "nuevo IBI" que grava a la totalidad de los hogares y negocios, afectando en especial a las clases trabajadoras. Según la formación, en un momento en que los ayuntamientos experimentan máximos históricos de recaudación, se opta por seguir incrementando la presión fiscal en lugar de aligerarla, bajo pretextos medioambientales que, en palabras del partido, suponen una forma de "terrorismo climático sobre las clases trabajadoras".

La iniciativa presentada por Vox ante el TSJM no cuestiona la legalidad de la tasa en sí, sino la modificación aprobada en septiembre que introduce bonificaciones y reducciones en los recibos, entre las que se encuentran descuentos de hasta un 95% para personas en riesgo de exclusión social, del 30% para jubilados con rentas moderadas, entre el 20% y el 50% para familias numerosas, y rebajas vinculadas a prácticas sostenibles como el compostaje o el uso de puntos limpios.

Desde el Ayuntamiento, se ha criticado la actuación de Vox por considerar que se dirige contra una medida que beneficia a los vecinos. Las fuentes municipales consultadas insisten en que el recurso llega fuera de plazo respecto a la aprobación inicial de la tasa, que tuvo lugar en octubre de 2024 y cuyo plazo de impugnación expiró al mes siguiente. En este sentido, subrayan que "lo único" recurrido por la formación es la modificación reciente que redujo los importes mínimos y máximos de la tasa, situando el recibo más bajo en 30 euros y el más elevado en 950 euros.

El Gobierno local ha tildado de "chapucera" la estrategia de Vox, a la que acusa de querer invalidar precisamente la parte del acuerdo municipal que permite reducir el impacto económico de la tasa sobre los vecinos. Asimismo, han reprochado a la formación no haber actuado contra esta tasa cuando fue aprobada ni en otros municipios de la Comunidad de Madrid donde Vox forma parte del Ejecutivo, como Móstoles, Alcalá de Henares o Aranjuez.

Por último, el equipo de gobierno ha confiado en que el TSJM archive el recurso sin mayores consecuencias y ha reclamado a Vox que abandone lo que consideran una estrategia de boicot y desinformación contra medidas que benefician a la ciudadanía. A su juicio, este tipo de actuaciones solo pueden provocar la pérdida de bonificaciones fiscales que actualmente permiten a numerosos vecinos afrontar con mayor alivio el coste del servicio.