El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón celebrará un juicio contra la delegación española de la Fundación British Council.
En el proceso se analizará un presunto caso de acoso escolar ocurrido en un colegio de esta institución en Pozuelo, durante el curso 2021/2023.
La demanda, interpuesta por los padres de una alumna, fue admitida a trámite en noviembre. Acusan al centro educativo y a cuatro profesoras de no actuar ante el acoso que sufrió su hija por parte de dos compañeras. Como consecuencia de los hechos, la familia solicita una indemnización de 35.000 euros por los daños físicos y psicológicos derivados del acoso.
Según el relato de la familia, la menor —de entonces 13 años— fue víctima de reiteradas agresiones verbales a través de mensajes electrónicos, llegando a recibir hasta 400 comunicaciones vejatorias. A pesar de que los padres pusieron en conocimiento de la dirección del colegio esta situación, la institución no tomó medidas para frenar el hostigamiento.
Lejos de proteger a la alumna, el centro abrió un expediente interno contra ella por supuestos problemas de conducta, lo que derivó en varias expulsiones. Estas medidas sorprendieron a los padres, quienes esperaban una intervención que protegiera a su hija.
Durante el juicio comparecerá como perito el prestigioso psiquiatra José Cabrera, quien elaboró un informe sobre la salud física y mental de la menor. El documento concluye que el relato de la joven "goza de un alto grado de verosimilitud" y que, desde el punto de vista médico forense, resulta "creíble".
El informe sostiene que la alumna fue víctima de "acoso vertical" por parte de algunos profesores del centro, lo que generó en ella "una situación de estrés agudo que ha desembocado en un Trastorno de Anorexia Nerviosa".
Un trastorno con graves secuelasAdemás del diagnóstico de anorexia nerviosa, el informe pericial detalla que la joven desarrolló "un grave trastorno musculoesquelético", que le provocó una incapacidad parcial tanto para asistir a clase como para realizar actividades básicas durante más de un año. El documento subraya que la recuperación fue lenta y parcial, lo que agrava las consecuencias del acoso sufrido.
Este proceso judicial sienta en el banquillo no solo a una institución educativa de prestigio, sino que también pone en el centro del debate la responsabilidad de los colegios ante casos de acoso escolar y sus devastadoras consecuencias psicológicas.