La Consejería de Asuntos Sociales sostiene que la sanción responde a una agresión previa a su huelga de hambre, mientras la plataforma en defensa de los mayores denuncia una represalia por sus quejas sobre el estado de los alimentos.
La Comunidad de Madrid ha trasladado a otro centro a Marcelo, residente de 68 años de la residencia pública de mayores de Colmenar Viejo, tras una agresión a otro usuario. El hombre había protagonizado en enero una huelga de hambre de 25 días para denunciar el estado de la comida. La Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Juventud confirmó este jueves que se le abrió expediente y se le impuso el traslado como sanción, asegurando que tanto la agresión como el procedimiento disciplinario fueron anteriores al inicio de la protesta.
Según fuentes del departamento autonómico, la medida se adoptó conforme a la normativa interna de los centros. La Comunidad rechaza que el cambio de residencia guarde relación con la huelga de hambre que Marcelo inició en enero para denunciar la calidad de la alimentación.
La Unión Ciudadana por la Mejora en Residencias ha reabierto la polémica al hacer público el traslado este jueves. La plataforma sostiene que la sanción se tramitó en un procedimiento que vulnera los derechos del usuario y considera que la decisión busca castigarlo por haber expuesto de forma sostenida el mal estado de los alimentos que, según denuncia, reciben los cerca de 400 residentes del centro.
La organización carga además contra la Agencia Madrileña de Atención Social por haber rechazado «completamente» el recurso presentado hace unas semanas por Marcelo. Según su versión, el residente no pudo exponer su relato de los hechos en condiciones adecuadas, lo que interpreta como falta de garantías en la tramitación del expediente.
La huelga de hambre de Marcelo puso en el foco en enero la residencia pública de Colmenar Viejo y las quejas recurrentes sobre la atención alimentaria en algunos centros de mayores. Su caso cobró visibilidad al mantener durante 25 días una protesta con la que reclamaba mejoras en la comida y denunciaba que los menús se servían en condiciones que consideraba inaceptables para personas de edad avanzada y, en muchos casos, con especial vulnerabilidad.
La plataforma ha anunciado que continuará con su labor de denuncia sobre las deficiencias en la atención a los residentes de la red pública madrileña, considerando que el caso de Marcelo evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de los derechos de los usuarios en estos centros.