Absueltos los alcaldes y ediles de Colmenar Viejo acusados de prevaricación
Un juzgado madrileño ha absuelto al alcalde de Colmenar Viejo, a dos exalcaldes y a otros diez ediles y exediles del municipio (todos ellos del PP) del delito continuado de prevaricación urbanística por el que se sentaron en el banquillo en junio pasado, al entender que no tenían ánimo de actuar ilegalmente.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid absuelve a los acusados, que se enfrentaban a peticiones de cárcel de entre dos años y tres años y medio acusados de otorgar durante varios años consecutivos licencias urbanísticas a distintos promotores, al no haberse podido aclarar que lo hicieran "con ánimo de actuar de forma ilegal", informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La resolución, contra la que cabe interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, indica que "para que el delito se entienda cometido, se requiere que el funcionario actúe "a sabiendas" de la injusticia de la resolución, anteponiendo su voluntad a cualquier otra consideración".
La sentencia añade que “si analizamos los hechos declarados probados, comprobaremos fácilmente que en los mismos no concurren los elementos del delito de prevaricación".
"En su esfuerzo acusador, la acusación no ha logrado designar un solo acto resolutivo que pueda ser considerado injusto, se ha limitado a poner de manifiesto las irregularidades o carencias de que adolecen los expedientes administrativos incorporados a las actuaciones. Pero los defectos o irregularidades señalados es claro que no equivalen a una resolución injusta o arbitraria”, concluye.
El alcalde actual de Colmenar Viejo, Jorge García, ha asegurado tras conocer el fallo que era el resultado que esperaban porque “siempre han estado seguros de que en este Gobierno nadie ha robado ni ha prevaricado”.
Por ello, ha celebrado que “la justicia les dé la razón” tras siete años en los que considera haber sufrido un “tratamiento injusto y un juicio paralelo” por parte de algunos concejales de la oposición, a los que pide su dimisión por haber emprendido “una campaña de acoso constante”.
El juicio comenzó el 22 de junio del año pasado para juzgar el presunto delito de prevaricación urbanística continuada en el que estaba procesado el actual alcalde, junto a los dos regidores anteriores, Miguel Ángel Santamaría y José María de Federico, y otros 10 ediles y exediles.
DENUNCIAN “UN JUICIO PARALELO”
“En este Gobierno nadie ha robado ni ha prevaricado”, ha dicho el alcalde, que ha recordado que el anterior alcalde, Miguel Ángel Santamaría, dimitió al verse imputado “por culpa de este procedimiento judicial”, pese a que todos los cargos investigados “siempre han dicho que eran inocentes y que no hubo ningún acto ilegal”.
“Ha habido plenos, ataques personales y constantes, y espero que los concejales que los impulsaron no tarden en dimitir”, ha aseverado.
También ha insistido en que su actuación se redujo a aprobar en 2021 la licencia de una vivienda "que cumplía con toda la legalidad" y a la que solamente le faltaba el contrato definitivo de la luz.
García ha explicado que "atendió a una situación social para que los propietarios no perdiesen su vivienda por una deuda que tenía la constructora".
SIETE AÑOS DE PROCESO
La investigación hace referencia a 16 concesiones de licencias que se adjudicaron en torno a 2008 pese a existir informes desfavorables por incumplir la normativa, ya que las obras no se ajustaban al proyecto por el que se concedió la licencia y "en ningún caso" se tomaron las medidas necesarias para su subsanación, según el escrito que presentó la fiscalía.
La mayoría de los casos hacían referencia a la autorización de construcciones que sobrepasaban la altura permitida o incumplían las condiciones de salubridad de calidad del aire, el retranqueo de los edificios establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana, la altura de las edificaciones o sus condiciones estéticas.
