La Comunidad rompe con el delegado del Gobierno y exige medidas al Ejecutivo de Sánchez
La Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno de España que tome las “medidas oportunas” contra el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, al considerar que ha “traspasado los límites de la decencia política e institucional” tras sus últimas declaraciones sobre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha trasladado esta petición en una carta dirigida al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, donde denuncia las palabras de Martín como “llenas de insultos, descalificaciones y mentiras”, y exige una “rectificación urgente”.
En caso de que esta no se produzca, el Gobierno madrileño romperá toda relación institucional con el delegado, limitándose a mantener la interlocución con otros representantes de la Delegación hasta que sea nombrado un nuevo delegado que respete la lealtad y el respeto institucional.
Las críticas al delegado del Gobierno surgen tras su intervención en la Cadena Ser, donde, en el contexto de la investigación sobre la filtración de los datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, Martín lo calificó como "presunto defraudador fiscal", cuestionando que aún no haya acudido a declarar.
Para el Ejecutivo madrileño, esta actitud no es nueva. En la misiva, García Martín reprocha la "forma de proceder" de Francisco Martín desde su nombramiento, asegurando que le hace “indigno del cargo” y que "tiene completamente abandonadas" las competencias de la Delegación del Gobierno.
Además de la carta al ministro, el consejero ha enviado otra misiva directamente a Francisco Martín, en la que le insta a "abstenerse de realizar declaraciones que falten al respeto" a la Comunidad de Madrid, a su presidenta o a cualquier institución de la región.
García Martín ha recordado que los responsables de las administraciones públicas no deben confundir la crítica política con el activismo político y ha exigido una rectificación inmediata de sus declaraciones, que considera “un grave insulto a la presidencia y al Gobierno regional”.
