El TC anula la reclasificación profesional reglada por la ley de policías de Madrid

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales y nulas dos disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, referidas a la reclasificación profesional de los agentes y los efectos retributivos de esta.

El TC ha avanzado en un comunicado los fallos resultantes de su sesión plenaria del pasado martes, entre los que está la estimación de la cuestión de inconstitucionalidad sobre esta ley promovida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El Constitucional anula, por un lado, la disposición transitoria primera, apartado 1, de la norma, que dispone que los miembros de los cuerpos de Policía Local que, a la entrada en vigor de la ley (abril de 2018), ocuparan plazas correspondientes a las categorías clasificadas en los subgrupos de clasificación profesional definidas en el texto y tuviesen la titulación académica correspondiente, quedarían directamente integrados en las correspondientes categorías de dichos subgrupos de clasificación.

De este modo se permitía, por ejemplo, que los agentes que estaban en el subgrupo C2 pudieran acceder automáticamente al subgrupo C1 si tenían el título de Bachillerato.

El TC anula, a su vez, la disposición transitoria tercera, que dispone que la susodicha integración en los subgrupos de clasificación profesional "no implicará necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios".

El tribunal entiende que estos dos preceptos vulneran el artículo 149.1.18 de la Constitución, que establece la competencia exclusiva del Estado respecto a las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, el régimen estatutario de sus funcionarios, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las administraciones públicas.

La Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid fue aprobada en la Asamblea regional por unanimidad en 2018, durante el mandato como presidenta autonómica de Cristina Cifuentes (PP) y a propuesta de Ciudadanos, que era entonces socio de investidura del PP.