Monasterio asegura que Vox vigilará "de cerca" para evitar la corrupción en la Comunidad

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, vigilará "de cerca" para evitar prácticas corruptas en la Comunidad de Madrid, que a su juicio se dan de forma más "fácil" con partidos que "llevan mucho tiempo en el poder".

La presidenta de Vox en Madrid se ha referido a los 200 contratos de la Consejería de Transportes, infraestructuras y Vivienda relacionados con la cláusula del 1 % que investiga el juez del caso Púnica, un caso en el que, ha señalado, "presuntamente han cometido ilegalidades para conseguir fondos para el partido".

En declaraciones a los periodistas tras un acto en Colmenar Viejo, Monasterio ha atribuido los casos de corrupción a partidos que "están en la partitocracia" y que hacen política para "defender los intereses de los partidos".

"Esto lo hemos visto en Andalucía y eso ya es probado, lo hemos visto en otros casos con el PSOE y ahora veremos qué pasa con esta investigación. Yo respeto la presunción de inocencia", ha asegurado en declaraciones a los periodistas la parlamentaria de Vox.

Además, se ha comprometido a hacer una "oposición férrea" para seguir controlando que no se produzcan ese tipo de prácticas.

La Comunidad de Madrid ha detectado cerca de 200 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda relacionados con la cláusula del 1 % que investiga el juez del caso Púnica y que supuestamente habrían servido para financiar actos del PP madrileño entre 2009 y 2013.

Así lo han confirmado a Efe fuentes del grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos Izquierda Unida, que solicitó información sobre este tipo de contratos públicos en una pregunta escrita remitida al Gobierno Regional.

En la respuesta registrada el pasado 19 de noviembre, adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso Efe, el Gobierno regional detalla cerca de 200 contratos con esa cláusula del 1 %, mecanismo que, según el auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, utilizó el PP supuestamente para financiarse irregularmente entre 2004 y 2014.

Dicha cláusula obligaba a las empresas adjudicatarias de contratos de obras de la Comunidad a destinar un 1 % del presupuesto de la obra en concepto de publicidad y a contratar a una empresa para promocionarlas, si bien la investigación judicial apuntaba que ese sistema pudo servir para financiar al PP madrileño.