YouTube ha iniciado la aplicación efectiva de sus normas sobre las suscripciones Premium familiares, identificando y pausando aquellas cuentas que, pese a formar parte de un plan familiar, no comparten el mismo domicilio físico con el administrador. Según ha podido confirmar el medio especializado Android Police, algunos usuarios han comenzado a recibir notificaciones por correo electrónico advirtiendo de la suspensión de sus beneficios en un plazo de 14 días.
La suscripción Premium familiar de YouTube permite incorporar hasta cinco usuarios mayores de 13 años por un precio mensual de 25,99 euros. A cambio, ofrece ventajas como la eliminación de anuncios, la reproducción en segundo plano y el acceso a YouTube Music sin interrupciones. Sin embargo, el requisito esencial que establece la compañía es que todos los miembros del plan residan en el mismo domicilio que el administrador familiar, una condición que, hasta ahora, era en muchos casos ignorada o no verificada con rigurosidad.
En los mensajes enviados, YouTube indica que la membresía se pausará en dos semanas, tras detectar que el usuario afectado podría no estar cumpliendo la condición de compartir residencia con el administrador del grupo. Aunque se mantendrá su pertenencia al plan, dejará de disfrutar de las ventajas de la suscripción Premium, pasando a visualizar contenidos con anuncios y sin las funciones asociadas al servicio de pago.
Google ya advierte en su página de ayuda que realiza un “registro electrónico” cada 30 días para comprobar que todos los miembros de una suscripción familiar mantienen la localización declarada como domicilio. Esta medida, que ahora se está aplicando de forma más activa, busca frenar el uso fraudulento de esta modalidad, diseñada para un núcleo familiar real y no para compartir el servicio entre amigos o conocidos.
Esta política se enmarca dentro de un proceso más amplio de reorganización de los planes de pago de YouTube. En mayo, la compañía anunció la prueba de un nuevo plan Premium para dos personas de un mismo núcleo familiar, con un coste intermedio y restricciones similares en cuanto a la residencia común. El endurecimiento de los controles sobre el plan familiar parece apuntar a un intento de reordenar el modelo de negocio en torno a fórmulas más ajustadas al uso legítimo de la plataforma.